Argentina ha registrado superávit financiero por quinto mes consecutivo al situar esta cifra en los 662 millones de dólares (575 millones de euros) durante mayo, consolidando su compromiso con la disciplina fiscal. Este resultado ha permitido al país superar la meta de seis billones de pesos argentinos (unos 4.565 millones de euros) acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de la primera evaluación del programa de asistencia financiera, valorado en 20.000 millones de dólares (17.381 millones de euros).
El superávit financiero alcanzado se explica por un saldo primario positivo de 1.696 millones de dólares (1.474 millones de euros), correspondiente al balance del Sector Público Nacional (SPN) en el quinto mes del año. Esta cifra refuerza el proceso de saneamiento de las cuentas públicas que lleva adelante el Gobierno argentino.
En el acumulado anual hasta mayo, las cuentas públicas reflejan un superávit financiero equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el resultado primario representa cerca del 0,8%. En términos absolutos, estos datos suponen una recaudación neta de siete billones de pesos argentinos (aproximadamente 5.326 millones de euros), lo que significa haber rebasado el umbral fijado por el FMI.
En lo que respecta al gasto público, las transferencias corrientes experimentaron un incremento interanual del 22,4%, alcanzando los 3.389 millones de dólares (2.944 millones de euros). Desglosando este aumento, las destinadas al sector privado crecieron un 16,8% en comparación con mayo del año anterior, mientras que las dirigidas al sector público se dispararon un 59,9%, evidenciando un mayor respaldo financiero a las entidades estatales.
Por otro lado, los subsidios económicos registraron un descenso notable del 33,7% respecto al mismo mes de 2024, reflejo de un recorte significativo en el gasto del Estado. En particular, los aportes al sector energético cayeron un 49,1%, aunque se observó un crecimiento del 64,2% en las ayudas orientadas al transporte.
Estos datos consolidan el cumplimiento del plan fiscal trazado por el Ejecutivo, que busca combinar reducción del déficit con la sostenibilidad del gasto social y productivo, bajo la supervisión de los organismos internacionales de crédito.
