Gran indignación ha provocado en el Perú la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de acoger la demanda presentada por el cabecilla terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, quien acusó al Estado peruano de violar su derecho al principio de legalidad y sus garantías judiciales, y permitir que sea torturado desde su detención, sin investigar «diligentemente tales hechos».
Delia Muñoz, exministra de Justicia y exprocuradora del Estado, advirtió que esta decisión de la CIDH es bastante sensible, pues busca alterar el precedente legal actual en el Perú en relación a los juicios por delitos de terrorismo.
En esa línea, Muñoz resaltó que el Ministerio de Justicia debe reforzar su argumentación en esta instancia internacional.
«A mi me causa mucha sorpresa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretenda volver a poner en debate la situación de validez o no de los juicios por terrorismo que llevó a cabo el Perú. Este es un tema que ya fue zanjado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2004 en la sentencia de Lori Berendson, donde declaran que en los juzgamientos nacionales a los cabecillas terroristas se respetaron las garantías judiciales», sostuvo Muñoz en entrevista con La Gaceta de la Iberosfera.
La exministra de Justicia recordó que, cuando el Perú vivió la asolada terrorista comunista, no solo del MRTA sino, en mayor medida, del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), en primer lugar, los delincuentes terroristas fueron llevados ante tribunales militares sin rostro, donde existieron procesos sumarísimos.
En ese contexto, la Corte IDH dictó dos sentencias que indicaron que esos juzgamientos iban en contra de las garantías judiciales y el debido proceso. Posteriormente el Tribunal Constitucional peruano emitió una sentencia donde dispuso la nulidad de todos los juzgamientos llevados a cabo por tribunales militares o sin rostro, indicando que es el Poder Judicial quien debe juzgar. Ahí es cuando el Perú anula más de 700 procesos colectivos, desde los cabecillas como el señor Polay, hasta el último delincuente terrorista.
En los juicios en la Sala Penal Nacional, la Fiscalía presentó las pruebas de los hechos delictivos por los cuales se les acusaba a los terroristas, resultando en sentencias condenatorias que fueron apeladas por los terroristas. Finalmente, la Corte Suprema resolvió y declaró fundada las condenas. No obstante, muchos de estos procesos terminaron en absoluciones.
«Si este proceso ya ha sido validado por la Corte IDH, ¿por qué la Comisión IDH trae este tema para reabrir viejas heridas? No lo entiendo. Para mí, en lo jurídico, el Estado peruano, tras casi 20 años de litigio ante la Corte IDH, y en diferentes procesos, logró que se valide su actuación jurisdiccional para juzgar y condenar a los terroristas. Estos delincuentes no fueron condenados por su ideología, sino porque en cada caso la Fiscalía aportó pruebas que demostraban su participación en hechos delictivos. En el caso del señor Polay, pide perdón por los delitos que cometió. En los videos de archivo va a encontrar que el señor Polay reconoce que la Sala Penal Nacional llevó a cabo un proceso justo. ¿Qué se trae ahora? ¿Mover la memoria para aquellos que la tenemos y, para la gran masa que no conoció esto, que son los jóvenes, cambiar la historia? A mi parece inaceptable, creo que la CIDH debe dar una explicación y el Estado peruano tiene que mostrar toda su defensa para que este informe de admisibilidad no prospere en cuanto al cuestionamiento de los juzgamientos», remarcó.
Muñoz resaltó que el Perú es el único Estado del mundo que reconoció haberse equivocado cuando juzgó a los terroristas en fuero militar con jueces sin rostro, y que ha demostrado que se pueden respetar las reglas del debido proceso y las garantías judiciales para sacar adelante estas condenas, cuestionando la decisión de la CIDH.
Por otro lado, también advirtió de las consecuencias que puede tener una decisión como esta, en el contexto de los serios cuestionamientos que viene recibiendo la CIDH por supuestos sesgos que estarían teniendo en su actuación.
«Lo que hacen es entregar mayores argumentos a quienes son sus enemigos y buscan la salida de sus países del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», acotó.
Polay, alias ‘camarada Rolando’, quien viene cumpliendo prisión en la Base Naval del Callao, donde anteriormente compartió el espacio con el fallecido terrorista Abimael Guzmán, cabecilla del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP), fue declarado culpable en 2006 por cerca de 30 delitos cometidos durante los últimos años de la década de 1980 y principios de 1990, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión. Dos años después, su condena fue aumentada a 35 años.
