La escalada de agresiones del régimen de Daniel Ortega, contra la iglesia católica no parece tener límites. De ametrallamientos contra una parroquia, atentados, amenazas contra clérigos y exilio, los ataques han ido en ascenso: desde encarcelamientos de sacerdotes, cierre de una decena de medios católicos y secuestros de religiosos a quienes la dictadura impide movilizarse, oficiar misa y los obliga al encierro cercándolos con policías armados.
El tirano sandinista acusa a obispos y sacerdotes de las protestas que iniciaron en abril de 2018, de planificar un supuesto “golpe de Estado”, y se niega a reconocer que miles de nicaragüenses salieron a las calles a exigir un cambio de timón en el país, la restauración de las libertades públicas y la ansiada democracia de la que Nicaragua poco conoce.
Desde entonces la iglesia es blanco de ataques. La respuesta de Ortega fue una brutal represión a las protestas que dejó más de 350 muertos y más de 2,000 heridos. La iglesia abogó por la paz y sirvió de garante en dos fallidos diálogos, pero Ortega y su mujer llaman a los clérigos “terroristas” y “curas hijos del demonio”.
El último ataque ha sido el cierre de casi una decena de emisoras católicas en la última semana, el secuestro del padre Uriel Vallejos, párroco de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco, en el norte de Nicaragua, a quien la policía impidió salir durante 4 días de la curia, un área que estuvo sitiada por fuerzas de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP).
El nivel de agresión escaló el jueves cuando fuerzas de la policía armada con fusiles AK, sitió la curia episcopal de la Diócesis de Matagalpa, donde el obispo Rolando Álvarez, realiza los jueves la eucaristía. Los sacerdotes y empleados de la Diócesis no pudieron ingresar a la curia. El obispo salió con la imagen del Santísimo, pero fue impedido de movilizarse más allá de la calle donde se ubica la curia, mientras las principales calles en el centro de la ciudad donde se ubica la curia episcopal, permanecieron bloqueadas por la policía, las DOEP y paramilitares sandinistas.
El obispo pidió a las autoridades respetar la libertad religiosa, retirar a sus agentes de la puerta de la curia episcopal, que permitieran la libre circulación, acusó a la policía de provocar el desorden y la zozobra en la población y dijo esperar que el régimen respetara su integridad y su vida.
“Recuerden que aquí estoy en la curia, cualquier cosa que me suceda ya ustedes lo sabrán, espero que no pase nada, espero que respeten mi vida, mi integridad y que respeten a la iglesia diocesana. Aquí estoy, repito en la noche me quedo solo tranquilo, rezando, orando y platicando pues con Jesús sacramentado”, dijo el prelado.
Más tarde la policía permitió al obispo, sacerdotes y personal de la Diócesis ingresar a la curia donde monseñor Álvarez pudo finalmente oficiar la eucaristía e invitó a los feligreses a la misa del Santísimo en la Catedral, a efectuarse horas más tarde.
Pero el prelado no pudo asistir a la misa, cuando se disponía trasladarse a la Catedral y abrían el portón del garaje de la curia se encontró con un cerco de antimotines bloqueando con escudos la salida del vehículo del episcopado. La respuesta del obispo ha sido la oración y exhortó a los sacerdotes de las Diócesis de Matagalpa y de Estelí, ambas bajo su cargo, a “seguir proclamando la esperanza para nuestro pueblo”. La población de Matagalpa acudió a la misa en respaldo al obispo y en oración para la protección de los sacerdotes del país.
En mayo, el obispo fue asediado por la policía, que le impidió movilizarse en Managua, la capital de Nicaragua. Igual sucedió con el párroco de la iglesia San Juan Bautista, padre Harvin Padilla, quien permaneció varios días secuestrados por la policía y paramilitares que mantuvieron sitiada la iglesia.
Murillo despotrica contra la iglesia
La esposa de Ortega y vicepresidente del país, Rosario Murillo, atacó nuevamente a la iglesia tras los últimos acontecimientos, al afirmar sin mencionar nombres, que hay personajes que según su opinión están “manipulando los símbolos que deben ser sagrados”.
“Todavía quedan algunos personajes que son bufonescos, que hacen el ridículo sin estatura moral alguna, personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, personajes que creen pueden ocupar lugares de autoridad que no merecen, que tal vez no son para ellos, precisamente por falta de estatura moral”, dijo la vice tirana.
“Hay imágenes que parecen salidas de absurdo, imágenes que reflejan una manipulación de los símbolos que deben ser sagrados para todos, imágenes desde lo que parecen ser espíritus malévolos, espíritus del mal”, manifestó Murillo, una vieja practicante de la brujería.
En marzo de 1990, Murillo convocó al primer congreso de brujos en Nicaragua. En ese entonces Ortega dijo que no había que temer a esa celebración.
La segunda al mando del régimen amenazó con cárcel al obispo Álvarez afirmando «que no se deben infringir las leyes, mucho menos cometer delitos». Álvarez permanece retenido en la curia episcopal donde el viernes ofició misa desde su encierro.
Radicalización de la dictadura
Luciano Montti, a quien llamaremos así por razones de seguridad, sostiene que después de las elecciones de noviembre, Nicaragua se enfrenta a la radicalización de la dictadura. Los ataques a la iglesia católica son una evidencia de ello. Con el encarcelamiento de dos sacerdotes, el cierre de los medios de comunicación católicos y la persecución contra obispos como el caso de monseñor Álvarez.
Sobre los encarcelamientos, Montti, se refiere a monseñor José Leonardo Urbina, vicario episcopal de Boaco y el sacerdote Manuel Salvador García, a quienes el régimen de Ortega acusa de presunto abuso sexual a una menor, y de abuso físico a una mujer. El padre García enfrentó dos juicios y fue sentenciado a dos condenas que suman casi 5 años, pese a que no existe denuncia porque la presunta víctima Martha Candelaria Rivas no interpuso acusación y negó que el sacerdote la haya golpeado intencionalmente, una declaración que fue ratificada por la hija de la mujer, una menor de 15 años que acompañaba a su madre a la parroquia el día de los hechos.
Mientras, los acusadores del padre Urbina, un crítico del régimen, son militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), uno de ellos fue denunciado por robo a la iglesia en Boaco, y es uno de los que acusa al sacerdote de supuesto abuso contra su hermana menor de edad.
Una historia que se repite
No es la primera vez que la iglesia católica se enfrenta a agresiones del sandinismo, durante la primera dictadura sandinista (1979-1990). El 4 de julio de 1986, el obispo de Chontales, monseñor Pablo Antonio Vega, fue secuestrado y llevado a la frontera de Honduras en helicóptero donde fue abandonado en la montaña. Vega había denunciado ante el gobierno estadounidense durante un viaje a Washington, el asesinato cometido por el régimen sandinista contra tres de sus ministros laicos y la represión contra los campesinos.
“Eso les molestó. Me citaron a una reunión donde el responsable de la región (militar) me comunicó que estaba detenido. Me sacaron del pueblo y me llevaron al Sistema Penitenciario”, relató el obispo meses más tarde en la ciudad de Miami, al periódico Miami Herald.
Posteriormente fue trasladado en helicóptero a la frontera con Honduras, “donde me dejaron abandonado en medio de la montaña”, describió el obispo, que logró sobrevivir gracias a que fue encontrado por grupos “Contras”, que luchaban contra la dictadura sandinista.
Christiam Martínez, nicaragüense en el exilio, sostiene que el propósito de Ortega es doblegar a toda la iglesia católica.
“Hoy, en esta segunda fase (de la dictadura), igual contempla exilio, falsas acusaciones, encarcelamiento de sacerdotes, pero esta vez han ido más allá con la cancelación y expropiación de medios. La iglesia nuevamente está viviendo otra noche oscura a manos del sandinismo”, aseveró Martínez.
