La fiscal estadounidense Pam Bondi ha lanzado una grave denuncia: el régimen de Nicolás Maduro estaría pagando a gobiernos de izquierda como el de Bernardo Arévalo en Guatemala para que permitan el uso de su espacio aéreo en operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. Según Bondi, este «puente aéreo» conecta Venezuela con territorio estadounidense pasando por Honduras, Guatemala y México, sin trabas de las autoridades.
«Maduro paga por acceso al espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México para traficar drogas sin ser detectado», declaró Bondi, advirtiendo de la magnitud de la red criminal que vincula a la dictadura venezolana con sus aliados ideológicos en la región.
La acusación llega acompañada de un dato demoledor: Washington ha incautado más de 700 millones de dólares en bienes vinculados al chavismo y ha elevado la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.
Lejos de condenar o investigar las acusaciones, el gobierno de Arévalo ha guardado un silencio absoluto. Su administración, marcada por un Congreso fragmentado pero condicionado por pactos con la izquierda regional, no ha tomado medidas contundentes contra el narcotráfico, mientras la influencia chavista gana terreno en Centroamérica. En lugar de reforzar la cooperación con EE UU, Arévalo opta por un discurso ambiguo y por mantener relaciones cordiales con regímenes como el de Maduro.
La inclusión de Guatemala en la ruta aérea denunciada por Bondi no es un hecho menor: significa que el país está siendo utilizado como plataforma logística para el narcotráfico internacional, con la anuencia —por acción u omisión— del Ejecutivo. En un momento en que la región se enfrenta a un incremento del tráfico de cocaína y al fortalecimiento de las redes del narco-chavismo, el papel de Guatemala bajo Arévalo se convierte en una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y de toda la región.
