La Fiscalía de Argentina, a través de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, apeló el lunes la decisión de la Justicia del país que concedió a Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de cumplir en su domicilio la condena impuesta en su contra por formar parte de una trama de corrupción, en el marco de la llamada «causa vialidad».
«Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario«, señalan los dos fiscales en su apelación, de acuerdo a información del medio Infobae.
La exmandataria fue beneficiada con el arresto domiciliario al emitirse la condena en su contra ya que los Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron «razones de seguridad» para ello, en virtud del supuesto intento de asesinato del que fue objeto en 2022, así como del hecho de que Fernández de Kirchner ya tiene 72 años de edad.
No hay impedimentos para que sea trasladada a una cárcel
Sin embargo, los fiscales Luciani y Mola han insistido en que «las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto«, además de señalar que el argumento de la seguridad no es impedimento para que Fernández de Kirchner cumpla su condena en una prisión, dado que existen varios centros penitenciarios en los que la misma estaría garantizada.
«Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (sin dejar de ponderar las particularidades que presenta cada una de las personas condenadas) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso, que se han presentado a cumplir la pena y fueron alojados en diferentes dependencias del Servicio Penitenciario Federal», asegura además la apelación presentada.
