La Fiscalía de El Salvador ha afirmado este lunes que el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) autorizó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles) y dos mujeres perpetrado por militares en 1989.
Según el Ministerio Público, que ha acusado a otras siete personas más, el exmandatario participó en la reunión en la que se coordinó y ordenó el operativo militar, tal y como han relatado varios testigos.
Los delitos de los que están acusados son homicidio, actos de terrorismo, conspiración para cometer actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal, ya que el exdiputado Rodolfo Parker trató de encubrir a los responsables cuando actuó como abogado.
Los demás imputados son militares que ocupaban altos mandos en el momento de la masacre, como Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humerto Larios, Inocente Orlando Montano, Carlos Camilo Hernández y Nelson Iván López.
La masacre tuvo lugar en el campus de la UCA de San Salvador, la capital del país. Entre las víctimas figura el ideólogo de la Teología de la Liberación, el español Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, con quien Cristiani sostuvo varias llamadas telefónicas previas a la masacre, según la investigación.
También murieron los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina. Todos ellos fueron asesinados en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador por militares del batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño.
En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tener en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios. El coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
El caso se reabrió en enero de 2022 para juzgar a los presuntos autores intelectuales. La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El conflicto dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias en la economía.
El caso también se ha visto en España. En septiembre de 2020 la Audiencia Nacional condenó a 133 años de cárcel al coronel Inocente Orlando Montano Morales.
