El primer acercamiento entre el Comité Impulsor del Censo 2023 y representantes del régimen de Arce durante el fin de semana fracasó debido a la falta de voluntad política de este último para proponer un plan claro y concreto para realizar dicho censo y, consecuentemente, que exista una redistribución tanto de recursos públicos como de escaños en el Legislativo de cara a las elecciones generales de 2025. En consecuencia, Santa Cruz comienza el jueves el sexto día de paro cívico y los conflictos en todo el país crecen en número e intensidad por causa del propio oficialismo.
Si existe una sola característica de la iniciativa cruceña con el paro es que este se lleva adelante con la convicción de su ciudadanía de que el sacrificio que implica les permitirá alcanzar los objetivos del departamento, y que se lleva adelante de manera organizada, designando días y horarios concretos para que la ciudadanía pueda abastecerse y resistir durante el tiempo que sea necesario.
Sin embargo, el régimen de Arce Catacora respondió cumpliendo con las amenazas de sus ministros de utilizar maquinaria pesada para desbloquear las principales avenidas de la ciudad, y movilizar fuerzas policiales masivamente para detener manifestantes opositores.
Para peor, distintos sectores oficialistas se han encargado también de cumplir con las amenazas de cercar la ciudad de Santa Cruz y cortar el suministro de gas industrial y otros combustibles a las principales empresas productivas del departamento.
Al respecto, Fernando Hurtado, presidente de la Cámara de Industria, Servicios y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), envió un duro mensaje la tarde de este miércoles en el que cuestiona la actitud de doble rasero del régimen de Arce Catacora. Hurtado dijo, entre otras cosas, que “resulta irónico que, por un lado, el Gobierno cuestiona duramente el paro cívico, y por otro incentiva a sus organizaciones sociales a cercar Santa Cruz”.
Además agregó que el oficialismo busca agudizar el conflicto y usar el problema del censo como “una cortina de humo para tapar la decadencia del modelo económico y la pérdida de reservas y divisas”.
Tal y como Hurtado destaca y advierte, el régimen de Arce ha convocado a una cumbre por el censo este viernes en Cochabamba, “un gran encuentro para analizar este tema y que todos juntos”, pero al mismo tiempo el presidente boliviano ha decidido suspender la exportación de alimentos como la carne, soya, aceite y azúcar “para garantizar el abastecimiento del mercado interno y hasta que se levante el paro”, además de que alienta a que los asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Legislativo exijan que se establezca un estado de excepción en la región oriental.
Desde luego, además de que ya exacerba los ánimos de conflicto y enfrentamiento creciente en el país, el primer impacto de la desesperada e irresponsable suspensión de las exportaciones cruceñas recaerá sobre el sector bancario y financiero nacional, pues el nivel de reservas del Banco Central de Bolivia viene siendo motivo de preocupación al menos desde que su componente más importante para responder ante cualquier eventualidad, es decir, las reservas en divisas, que cayeron a apenas $866 millones a finales de agosto.
En el entretanto, y muy lejos de mostrar voluntad de negociación y entendimiento, Rolando Cuéllar, diputado oficialista, afirmó recientemente que “en Santa Cruz no se puede dialogar con extranjeros que se escaparon cobardemente de la II Guerra Mundial, y ahora han venido a meterse al Comité Cívico. Me estoy refiriendo al señor Branko Marinkovic, Fernando Larach, Stello Cochamanidis”, y que “el Comité Cívico tiene que estar representado por verdaderos cruceños que se apelliden Pinto, Cuéllar, Rojas, Mercado, no personas extranjeras que vengan a convulsionar al departamento”.
De la misma forma, Eber Rojas, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aseguró la tarde de este miércoles que no permitirán la discriminación de sus afiliados, e incluso afirmó que irán a Santa Cruz a matar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al líder cívico Rómulo Calvo.
Otro dirigente de la CSUTCB, Omar Ramírez, también advirtió que se está alistando el plan “Túpac Katari”, que consiste en “empezar con 500 mil o un millón de hermanos campesinos para cercar el departamento y dar un castigo ejemplar principalmente a la oligarquía cruceña cerrando las empresas que siguen funcionando normalmente, y ver si esto realmente no le duele al señor Camacho y al señor Calvo, de tal manera que haya una hambruna en Santa Cruz”.
Las reacciones tanto del líder cívico como del gobernador cruceño no se dejaron esperar. Por su lado, Rómulo Calvo sostuvo: “Quiero decirle señor presidente, que tiene un pueblo firme en Santa Cruz y tiene un pueblo firme en Bolivia, que está buscando mejores días y que no va a descansar ni va a bajar la guardia hasta que usted reaccione y piense en los bolivianos y no piense en un partido político”.
En la misma línea, Camacho confirmó que no asistirá a la convocatoria de Arce en Cochabamba “porque sería “avalar una fecha en 2024”, y convocó a un cabildo en la Villa Primero de Mayo para persuadir a la comisión interinstitucional de tomar la misma decisión.
Mientras las amenazas, respuestas y toma de medidas peligrosas se acumulan e intensifican de una manera que sin lugar a dudas recuerdan el inicio de los conflictos por el fraude cometido por Evo Morales a finales de 2019, este jueves el departamento de Tarija asumirá también un paro cívico departamental en apoyo de la realización del censo de población y vivienda en 2023, aunque sus dirigentes reconocieron que existe cierto temor en la ciudadanía de que el ambiente de tensión que se vive en Santa Cruz se replique.
También se esperan distintas movilizaciones y pronunciamientos de diversas autoridades y otros líderes de la población civil organizada en el resto del país en apoyo a Santa Cruz y en la expectativa de que Arce reafirme o no su decisión de realizar el censo en 2024 o incluso más adelante.
