El proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidente Dina Boluarte, que podría terminar con su inhabilitación de la función pública por diez años, avanza en el Congreso peruano con el respaldo de cuatro bancadas, mientras que el oficialismo no muestra interés en respaldarla.
De acuerdo con el diario El Comercio, parlamentarios de distintas bancadas de oposición se inclinan por una sanción que la aleje del Ejecutivo: Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP), Avanza País y Acción Popular (AP).
Este escenario se da luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso), aprobara el informe de calificación que declara procedente las denuncias constitucionales (DC) acumuladas 268 y 269 contra Boluarte por probable infracción constitucional y diversos delitos tipificados en el Código Penal.
La Denuncia Constitucional 268, formulada por el congresista Javier Padilla Romero (RP) por probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, y fue declarada procedente.
La Denuncia Constitucional 269 fue presentada por las congresistas de la bancada lesgislativa de Avanza País, Norma Yarrow Lumbreras, Diana Gonzáles Delgado, Adriana Tudela Gutiérrez y Patricia Chirinos Venegas, por probable infracción constitucional de los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificados en los artículos 377 y 399 del Código Penal, respectivamente.
“Por todos los indicativos que se han presentado, ella debería ser inhabilitada, pero tenemos que seguir el proceso”, comentó José Williams, vocero de Avanza País.
“Ella ha cometido un acto de infracción constitucional y lo que toca son las sanciones que corresponden”, indicó Eduardo Castillo, vocero alterno de FP.
Asimismo, el congresista José Cueto (RP), opinó que “el debido proceso demorará un par de meses, pero estoy seguro de que será inhabilitada como corresponde”.
Sin respaldo garantizado
Por otro lado, dentro del oficialismo no habría un compromiso claro con defender a la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pues esperan a las indagaciones, descargos y conclusiones del grupo de trabajo a cargo de la investigación, dejando en duda el respaldo que pueda tener Boluarte, quien fue expulsada del partido de Gobierno por “falta grave”, luego de que, en una entrevista al diario La República, señalara que nunca ha respaldado “el ideario de Perú Libre”.
Cabe recordar que durante la sesión donde se votó declarar procedente las denuncias constitucionales contra Boluarte, solo el Bloque Magisterial -exintegrantes de Perú Libre leales a Pedro Castillo- se opuso, mientras que en Perú Libre, María Taipe se opuso, Alfredo Pariona se abstuvo y el vocero, Waldemar Cerrón -hermano de Vladimir Cerrón, secretario general del partido marxista leninista y condenado por corrupción- no votó.
Infracción a la Constitución
Boluarte terminó en este enredo que podría costarle el puesto luego que un informe de la Contraloría General determinara que esta habría incurrido en una infracción al artículo 126 de la Constitución.
En el informe –distribuido a los distintos grupos parlamentarios el pasado lunes 23 de mayo- se detalla que Boluarte no informó en su declaración jurada de intereses que ocupaba los puestos de presidenta del consejo directivo del Club Departamental de Apurímac y de primera vicepresidenta en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
Y es que de acuerdo al artículo 126 de la Carta Magna, los ministros de Estado “no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”. Además, el artículo estipula que “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Boluarte tampoco incorporó en su declaración jurada de intereses a ocho parientes de segundo grado de afinidad (cuñados), a pesar de que el artículo 4 de la Ley N°31227 lo dispone.
Además, la Contraloría indicó que Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, hermano y cuñado de la vicepresidenta, fueron contratados por la Municipalidad de Pueblo Libre y en la Escuela Nacional de Control cuando existía un impedimento.
Investigada por lavado de activos
En octubre del año pasado, Boluarte fue incluida en una investigación por presunto lavado de activos que sirvió para el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido oficialista Perú Libre.
Según el fiscal a cargo, Richard Rojas Gómez, Boluarte y otros afiliados a Perú Libre abrieron una cuenta mancomunada en el Banco de Crédito del Perú (BCP) donde recolectaban aportes ilícitos de trabajadores del Gobierno Regional (GORE) de Junín, cuna de la organización marxista leninista que llevó a Castillo al poder.
De llegar a prosperar esta inhabilitación, cuyo proceso tomaría entre dos a tres meses, el comunista Pedro Castillo se quedaría sin sucesor constitucional; esto implica que en un posible escenario de vacancia presidencial -que hasta el momento no alcanza los votos necesarios-, la jefatura del Estado recaería en quien preside la Mesa Directiva del Congreso.
