La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de los bloques Sur y Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), a quienes considera «máximos responsables» de algunos de los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano.

Entre los hechos investigados figuran desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados, torturas y actos de violencia sexual. La decisión busca esclarecer las responsabilidades de la antigua guerrilla por crímenes cometidos durante décadas en distintas zonas del país y que, según la JEP, permanecieron en gran medida impunes.

«Por décadas, estos crímenes permanecieron en la impunidad», ha señalado el tribunal en un comunicado. Según sus datos, el 97% de estos hechos no llegó a juicio en la justicia ordinaria, mientras que cerca del 90% de las investigaciones penales no superó la fase preliminar.

La decisión afecta a hechos cometidos en amplias zonas de la cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía, incluidos los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, además de partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas.

Entre los 27 imputados figuran cuatro antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP que ejercieron el mando en los bloques Oriental y Sur: Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y actual presidente del partido Comunes; Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, alias ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’, y Milton de Jesús Toncel, alias ‘Joaquín Gómez’.

Las imputaciones corresponden a los macrocasos 10 y 11 de la JEP, centrados, respectivamente, en los crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP que no están incluidos en otros procesos de la Jurisdicción y en los delitos relacionados con violencia de género, violencia sexual y reproductiva y otros crímenes motivados por la orientación sexual.

La decisión supone la primera imputación del macrocaso 10 y, al mismo tiempo, la primera imputación conjunta con el macrocaso 11, que investiga la violencia sexual y de género cometida por integrantes de las FARC-EP contra la población civil.

Entre los hechos incluidos figura la toma de Puerto Rico, en el departamento del Meta, en 1999, durante la cual integrantes de la guerrilla agredieron sexualmente a una decena de mujeres, entre ellas una niña de 13 años.

La JEP ha explicado que la decisión se sustenta en una investigación que tuvo en cuenta los testimonios de 2.436 víctimas acreditadas, entre ellas campesinos, docentes, líderes comunitarios, miembros de comunidades religiosas, mujeres y víctimas pertenecientes a las fuerzas militares y policiales.

El expediente también recoge algunos de los episodios más graves y representativos del conflicto colombiano, como el atentado contra el Club El Nogal, en Bogotá, perpetrado el 7 de febrero de 2003, que dejó 36 muertos y 198 heridos; la casa bomba de Neiva y los asesinatos del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado y sus escoltas, cometidos el 2 de noviembre de 1995.

Los imputados tendrán 30 días para responder

Tras ser notificados, los 27 excomandantes dispondrán de un plazo de 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y asumir su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos.

En caso de que nieguen su responsabilidad, la JEP podría remitir los casos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que ejerce las funciones de fiscalía de la Jurisdicción. El procedimiento podría entonces desembocar en un juicio y, si los acusados fueran declarados responsables, en penas de hasta 20 años de prisión.

Si, por el contrario, reconocen los hechos y aportan información relevante, la JEP convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la que los imputados deberán comparecer ante el tribunal, las víctimas y el país.

Posteriormente, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones y trasladará el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Los responsables que reconozcan los hechos, aporten verdad y cumplan los requisitos podrán ser candidatos a sanciones propias de carácter restaurativo.

Estas sanciones serán consultadas con las víctimas y tendrán un enfoque reparador. Aunque no implican el ingreso en prisión, contemplan restricciones efectivas de la libertad y de otros derechos.