El juez argentino Ariel Lijó libró el lunes una orden de captura internacional contra el dictador nicaragüense Daniel Ortega, a quien señala por violaciones graves contra los derechos humanos que, considera, deben ser castigadas bajo jurisdicción universal.
El petitorio, que afecta además a la mujer de Ortega y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, así como a otras piezas claves del régimen sandinista, se sustenta en la denuncia formulada originalmente en agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte y otros académicos de la Universidad de Buenos Aires, quienes han puesto el acento en los desmanes cometidos por la dictadura nicaragüense durante los últimos años.
La larga lista de agravios que han cometido Ortega y compañía, de acuerdo a los demandantes, incluye persecución política y asesinatos, así como desapariciones y desplazamientos forzados de la población del país centroamericano.
De acuerdo con el abogado Richarte, la decisión judicial «marca un antes y un después en materia de justicia universal», en el entendido de que «este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas».
Así, por ahora, la Justicia argentina ha considerado que los principios de la justicia penal internacional deben ser aplicados en el caso de Nicaragua, allanando un camino en el que seguramente el país austral ejercerá una presión diplomática importante para avanzar en la asignación de responsabilidades por los desmanes cometidos por la dictadura sandinista.
