El 8 de enero de 2023 la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia fue escenario de un episodio marcado por actos de vandalismo. Rápidamente catalogados por la red de televisión Globo, PT (Partido de Los Trabajadores) y STF (Supremo Tribunal Federal) como intentos de golpe de Estado y actos terroristas de «Bolsonaristas radicales«, estos eventos generaron una narrativa de amenaza a la democracia y al estado de derecho. Sin embargo, la realidad podría ser más compleja y menos unidimensional de lo que sugiere esta versión oficial.
A pesar de que muchos participantes eran fervientes seguidores del expresidente Bolsonaro, la posibilidad de infiltrados en la manifestación plantea dudas sobre la naturaleza puramente bolsonarista del movimiento. Como el caso de los manifestantes saliendo en rápel en unas imágenes difundidas por la periodista Cristina Graeml o el video en el que la periodista Paula Schmidt publicó en sus redes sobre los infiltrados grabados durante los actos.
Después de todo, todos estos actos fueron aprovechados por el consorcio de poder que gobierna el país a través de la unión entre el Partido de los Trabajadores y el Supremo Tribunal Federal.
Además, la falta de armas, de articulación política, de apoyo de las Fuerzas Armadas y la enorme presencia de abuelas ancianas (muchas de las cuales están detenidas) entre los manifestantes contradicen la idea de un golpe de Estado planificado y violento conforme recordó el jurista Ives Gandra, el más respetado de Brasil. Hasta antiguos aliados del PT como el político Aldo Rebelo que es comunista y fue ministro de defensa de Dilma Rousseff dijo que la idea de golpe es una «fantasia» utilizado para la polarización política.
El escenario se vuelve aún más intrigante con la actuación del General Gonçalves Dias, del GSI (Gabinete de Seguridad Institucional) y hombre de confianza del presidente Lula da Silva, quien habría facilitado la entrada de los manifestantes, y el borrado de imágenes del circuito interno del Ministerio de Justicia, liderado por el comunista Flávio Dino.
Estos elementos apuntan a una posible manipulación de los eventos en una cada vez más plausible posibilidad de que haya habido una operación de «bandera falsa«. Es importante recordar que las operaciones de bandera falsa se han utilizado para legitimar tiranías a lo largo de la historia, como el infame ejemplo de la «Noche de los Cristales Rotos» en 1938 que reforzó al Partido Nacional Socialista en Alemania; o el Plan Cohen que permitió las condiciones políticas para el endurecimiento de la Dictadura Vargas en Brasil en 1937.
La conducción de las investigaciones y procesos judiciales también es objeto de críticas, especialmente las acciones del Ministro Alexandre de Moraes como aclara el ex fiscal Deltan Dallagnol. El Supremo Tribunal Federal está juzgando a los sospechosos de los crímenes que no poseen foro privilegiado. La falta de individualización en las sentencias de los acusados es otro elemento de teratología jurídica en estos juicios completamente ilegales.
Todo esto demuestra una politización de un tribunal que debería ser imparcial y no totalmente politizado como es actualmente. Aparecen en la prensa imágenes de gente destruyendo bienes públicos (y eso debe ser obviamente rechazado por todos) pero muchas de esas las personas no están en las cárceles ahora. La parte más grande de los encarcelados es gente que estaba ahí, pero a la que no se le ha comprobado una conducta criminal. Mucha gente fue a la cárcel por solamente por estar en el sitio cuando se produjo la protesta.
Además, otras detenciones mostraron un fuerte sesgo político de la acción de la Corte Suprema de Brasil. El caso de Anderson Torres y Mauro Cid fueron incluidos en investigaciones por vínculos con Jair Bolsonaro. Anderson Torres fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando ocurrieron los actos de vandalismo y fue detenido de manera completamente arbitraria tan pronto como regresó a Brasil. Mauro Cid, que era un ayudante de Jair Bolsonaro, sufrió un proceso de «pesca probatoria» con base en alegaciones de tarjetas de vacunación para que el sigilo del celular de Jair Bolsonaro fuese accedido por Alexandre de Moraes al margen de cualquier legalidad.
La comprobación de la politización de los tribunales más altos de Brasil se agrava con declaraciones públicas como las del Magistrado Luis Roberto Barroso, «nosotros derrotamos al Bolsonarismo» y «perdiste, pelotudo«, que sugieren un sesgo partidista dentro del propio STF, confirmando la ausencia de neutralidad e imparcialidad del mismo.
En resumen, la respuesta a los actos del 8 de enero, lejos de ser una defensa de la democracia, ha sido más bien una reacción desproporcionada y políticamente tendenciosa, que terminó perjudicando más al estado de derecho y a la democracia que los propios hechos de vandalismo. Estos eventos revelan una compleja red de política y poder, donde las relaciones entre el Partido de los Trabajadores y el Supremo Tribunal Federal se fueron volviendo cada vez más íntimas y obscenas a lo largo de todo el año 2023, pero que viene desde la liberación de Lula da Silva de la cárcel a finales de 2019.
