En una serie de operaciones marcadas por controversias y cuestionamientos sobre la amplitud de sus acciones, la Policía Federal, bajo la autorización del Supremo Tribunal Federal (STF), intensificó su ofensiva contra individuos acusados de fomentar actos considerados «antidemocráticos» en Brasil.
En este contexto, la Operación Lesa Patria, ahora en su 23ª y 25ª fase, se destaca por el arresto de empresarios y un diputado estatal, evidenciando un panorama donde la línea entre el combate al crimen y la persecución política parece cada vez más tenue. En la 23ª fase de la operación, realizada el 8 de enero de 2024, la Policía Federal cumplió 47 mandatos judiciales, siendo 46 de búsqueda y aprehensión y uno de prisión preventiva, distribuidos por diversas unidades federativas.
El foco era identificar a los supuestos financiadores e incentivadores de los actos ocurridos en Brasilia el año anterior, que resultaron en invasiones a las sedes de los tres poderes del país. Esta acción de la PF, autorizada por el STF, generó debates acalorados sobre su legalidad y moralidad, especialmente considerando la cantidad significativa de 40 millones de Reales (7,4 millones de euros) en daños al patrimonio público alegados por la corporación. Los crímenes investigados incluyen la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, entre otros.
Poco tiempo después, la 25ª fase de la Lesa Patria resultó en el arresto de otros dos empresarios, Joveci Xavier de Andrade y Adauto Lúcio Mesquita, acusados de supuestamente financiar un campamento de protesta en Brasilia. Ambos negaron participación en actos de vandalismo. Esta etapa de la operación, como las anteriores, fue autorizada por el ministro Alexandre de Moraes, del STF, e investigó supuestos crímenes similares a los de la fase anterior.
Siempre es importante recordar que estas personas no poseen fuero privilegiado para ser investigadas por la Suprema Corte, y sus investigaciones deberían ocurrir en instancias inferiores de la justicia brasileña. Entre las acusaciones que enfrentan está la de proveer «agua y comida» a los manifestantes en el período anterior al «8 de Enero«.
En un desarrollo paralelo, el arresto del diputado estatal Capitán Assumção (PL-ES) bajo acusación de mantener ataques al STF, incluso después de medidas cautelares impuestas contra él, encendió aún más el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la acción del poder judicial.
La orden de arresto, emitida por Moraes, detalla una serie de comportamientos considerados amenazantes al orden democrático, llevando a una amplia discusión sobre la adecuación y proporcionalidad de estas medidas. El caso de Assumção, en particular, se reveló emblemático de la tensión creciente entre diferentes poderes del Estado y segmentos de la sociedad, con varias figuras políticas y partidistas expresando su descontento y preocupación por lo que consideran ser un exceso por parte del STF.
Repitiendo un patrón de persecución, Assumção era candidato a la alcaldía de Vitória en Espírito Santo y aliado del ex presidente Jair Bolsonaro, al igual que otros candidatos a alcaldías de ciudades como Río de Janeiro y Niterói que también sufrieron un acoso judicial.
El Ministerio Público reportó a Alexandre de Moraes que Assumção dijo estar «ignorando la tobillera impuesta por esta Suprema Corte, llamándola trofeo» y la llamó «medalla de honor«. La acusación también informó que él llamó a los ministros de la Suprema Corte de «demonios» y «diablo«. La legislación brasileña otorga amplia libertad de expresión para que los diputados puedan expresar «cualquier opinión«; pero en los últimos años, críticas contundentes a ministros de la Suprema Corte son tratadas como un crimen gravísimo y con severas sanciones. En el pasado, críticas contundentes de políticos del PT (Partido de los Trabajadores) a ministros de la Suprema Corte ni siquiera eran judicializadas.
Estas operaciones, justificadas por una alegada necesidad de preservar el orden democrático y el patrimonio público, lanzan una sombra sobre la práctica del derecho, la persecución política y la libertad de expresión en Brasil. Las acusaciones de abuso de poder y persecución política son graves y recurrentes y demandan una reflexión profunda sobre el estado de la democracia brasileña. A medida que la Policía Federal continúa actuando bajo órdenes del STF, la sociedad permanece cada vez más incrédula en las instituciones y en la existencia del Estado de Derecho en Brasil.
Paralelismos históricos con otros regímenes autoritarios
Además de traer las noticias del día, es importante traer para los lectores de La Gaceta de la Iberosfera algunas observaciones de un relevante libro. Observando las lecciones del eminente jurista brasileño Augusto Zimmermann en su obra «Cosmovisões do Direito no Mundo Ocidental«, podemos identificar similitudes entre lo que ocurre en Brasil con regímenes totalitarios a lo largo de la historia.
En el tramo de su libro que habla sobre el derecho penal soviético, Zimmermann afirma: «El artículo 58 de aquel código penal, de hecho, contenía acusaciones en blanco contra cualquiera que fuera, aunque remotamente, sospechoso de ser una amenaza al régimen socialista. Cualquier persona que fuera encuadrada en las categorías elásticas de ‘socialmente peligroso’ o ‘contrarrevolucionario’ sería inmediatamente condenada a prisión, incluso si no hubiera elemento de culpa demostrado.» El jurista brasileño además explica: «Los procedimientos por los cuales tales personas eran investigadas y condenadas eran enteramente arbitrarios y violentos».
La similitud con el Brasil actual es notable. Cualquiera que sea considerado portador de la infame denominación de «antidemocrático» es visto como una especie de ciudadano de segunda clase, desprovisto de los derechos y garantías que hasta mismo los narcotraficantes poseen.
Otro régimen totalitario que presenta similitudes con la situación jurídica/política en Brasil es el nacional-socialismo alemán de los años 1930. Hubo un movimiento jurídico alemán en esa época llamado «Movimiento del Derecho Libre» («Freirechtsbewegung«), que «se centraba en ‘menos positivismo y más realismo’, atacando una ‘aplicación mecánica del Derecho’ que enfatizaba demasiado los aspectos lógicos del proceso en detrimento de la ‘realidad’ de la vida social, con todas sus condiciones políticas y económicas«. La idea principal era conceder mucho más arbitrariedad e interpretaciones del derecho, incluso en ausencia de previsión legal.
Este tipo de mecanismo de interpretación de leyes, de acuerdo con criterios políticos del juez, está muy presente a la hora de perseguir opositores. Si un sujeto es considerado un «enemigo del régimen« («antidemocrático»), podría tener la privacidad de su móvil completamente invadida, ser arrestado de forma preventiva, o responder a crímenes vagos e imprecisos como la «abolición del Estado de Derecho«, aunque la persona no tenga la menor capacidad de cometer ese tipo de crimen.
Por lo tanto, es fundamental reflexionar sobre estas noticias recientes más allá de la persecución actual y enmarcar todo en un contexto más amplio.
