Tres grandes capacidades tiene la izquierda para marcar agenda política: la de retorcer las palabras y sus significados, generando guerras semánticas; la de buscar en el fondo de la olla relatos y epopeyas victimizantes y las consecuentes víctimas para ser gerenciadas; y la de inventar problemáticas difusas, arbitrarias, ingrávidas, lo suficientemente caprichosas como para puedan amoldarse a la necesidad política del momento. Todas estas capacidades están puestas al servicio del mito refundacional estrella del momento: la plurinacionalidad.
La noción de Estado Plurinacional cobró vigor en Sudamérica con el auge del castrochavismo en la primera década de este siglo. La definición de plurinacionalidad puede variar dependiendo de cuál de sus propagandistas la explique y es que no significa nada y lo es todo a la vez. La realidad política de los países que se declaran plurinacionales nos lleva a la conclusión de que se trata de un significante vacío, un talismán que se enarbola a los efectos retóricos pero que resulta inaplicable y, a la falta de una definición clara, se suma el hecho de que variables como la autopercepción y un revisionismo histórico hacen que no exista una lista definida de cuántas naciones incluye cada plurinación. Así por ejemplo el castrochavismo ha reemplazado constitucionalmente la lucha de clases por la lucha de naciones, ejecutando la premisa del Foro de Sao Paulo de «multiplicar los ejes de confrontación».
El caso paradigmático es el Estado plurinacional de Bolivia que, en la reforma constitucional de 2009, en la que Evo Morales suplantó la «República de Bolivia» por el «Estado Plurinacional», reconoce la friolera de 36 naciones y soberanías pero establece que «Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario«, una auténtica ensalada de oximorones que de todas maneras deja en claro que primero está lo unitario y lo plurinacional es un adorno de relleno. En el artículo 3 habla de «la nación boliviana» como la totalidad de los bolivianos sea cual sea su origen, o sea que muy plurinacional la cosa, pero en principio hay una sola nación. También señala que uno de los deberes fundamentales de los bolivianos es «defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores».
En la organización territorial diseñada por Evo Morales la idea de autodeterminación no pasa de ser un recurso maniqueo, en el artículo 292 sostiene que «cada autonomía indígena originaria campesina elaborará su Estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la Constitución y la Ley” y la “Ley Marco de Autonomías y Descentralización» establece como principio que «el régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas de Estado». Lo cierto es que el manejo arbitrario de la carta magna le ha permitido a Morales atropellar los derechos humanos, reprimir brutalmente la disidencia, tener presos y exiliados políticos y usar la muletilla de la plurinacionalidad para disimular un gobierno tan centralizado como totalitario.
Ecuador también es un Estado declarado plurinacional por la Constitución de 2008 de Rafael Correa que proclamó en su primer artículo que es «un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico». Vale decir que se declara unitario antes que plurinacional sosteniendo luego que uno de los deberes del Estado es «fortalecer la unidad nacional en la diversidad» y que «el territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión». Del mismo modo la República Bolivariana de Venezuela, nave nodriza del Socialismo del Siglo XXI, se declara como Estado Federal descentralizado y no reconoce la plurinacionalidad que predica para otros. La reforma constitucional de Hugo Chávez de 1999 sostiene en su artículo 126 que los pueblos indígenas y sus «culturas de raíces ancestrales» son parte del Estado venezolano «único, soberano e indivisible».
Sin embargo, bajo la narrativa de la plurinacionalidad están el resto de los planes de reforma constitucional que la izquierda viene promoviendo en todos los países, siendo particularmente exótico el proyecto chileno rechazado en 2022 que reconocía más de una decena de naciones dentro del Estado chileno con tribunales propios y poder de autodeterminación. El planteamiento de «Estado plurinacional» es transnacional y está asociado al relato del victimismo identitario que en América adopta la forma de indigenismo y en España de independentismo, y que sostiene que en estos países no se respetan los derechos, las culturas y la determinación de sus integrantes. Esta refundación implica pasar de un Estado donde la pertenencia se define desde la nacionalidad y los factores culturales en común, a un Estado donde dicha pertenencia se define por la diferencia y se distribuye en diversos colectivos agrupados por factores aleatorios como la etnia, el lenguaje, etc. Esta mistificación llega al extremo de considerar que los ciudadanos de las diversas «naciones» dentro de ese Estado no tienen ningún vínculo en común.
La plurinacionalidad es también cruza del revisionismo histórico y la creación del hombre nuevo, un proyecto a partir del cual se construye una nueva identidad basada en la reivindicación de colectivos que previamente deben aplicar, en la narrativa progresista, a la categoría de oprimidos. Esos colectivos se deben percibir «usurpados», «sometidos», «discriminados» y «desplazados». La obsesión y urgente necesidad de la izquierda de encontrar nuevos actores que puedan demandar algún tipo de utopía, encuentra en el integrismo identitario nuevos referentes para imponer el conflicto, en este caso entre la estructura administrativa de los países y los pueblos oprimidos por esta. Estas reivindicaciones nacionalistas, tengan el origen que tengan, son maná para la izquierda y deben ser procesadas políticamente.
El apoyo de la izquierda no está dado por el componente nacionalista de la demanda sino por la promesa de un trato desigual en nombre de la igualdad. La plurinacionalidad es una respuesta institucional al eje igualitarista, dentro del programa ideológico del progresismo, en el marco de un mismo Estado. En toda propuesta de plurinacionalidad es fundamental que se demanden tratos institucionales diferenciados dentro de dicho Estado. Afortunadamente en todo Occidente se valora la diversidad cultural que incluye la incorporación a la vida cívica de distintas competencias lingüísticas, culinarias, estéticas, artísticas, distintos rituales, vestuarios, tradiciones y valores. Pero el plurinacionalismo no se trata de esta celebración de la diversidad de culturas dentro del mismo territorio nacional, sino a privilegiar algunas culturas justificando dichos privilegios en función de una «anterioridad» borrada por el Estado que las engloba.
El plurinacionalismo pretende reorganizar la política reasignando derechos en función de brindar «mayor representación» a las «culturas, pueblos, naciones, colectividades» dentro del Estado, pero esta pretensión choca con el hecho de que en democracia todos tienen derecho a un voto, entonces, el eufemismo «mayor representación» sólo puede significar que algunos grupos de votantes tengan privilegios sobre otros, como el acceso a recursos naturales o fondos estatales, tierras fiscales, preeminencia de tribunales especiales, y un largo etcétera.
Las leyes de un país no tienen por qué reconocer derechos de colectivos «autopercibidos como naciones» dentro de la misma organización estatal porque las democracias liberales se basan en derechos individuales, se basan en la igualdad ante la ley de los individuos. Si los individuos tuvieran más derechos o privilegios por pertenecer a un determinado colectivo sería una violación fundamental a este ordemaniento. Esto no significa que las personas no formen parte de uno o más grupos culturales, étnicos, religiosos o políticos sino que no tienen, en función de esa pertenencia, fueros y derechos distintos de los de cualquier otro miembro del Estado.
Estableciendo la desigualdad ante la ley bajo la dialectización de los derechos de las plurinaciones se genera un sistema de castas, que contradice el concepto de un derecho individual y finalmente quien gerencie al colectivo gerenciará los privilegios de sus miembros. La libertad de celebrar la propia diversidad es de las personas, como es de las personas la responsabilidad por sus actos, por eso reorganizar el sistema legal de tal modo que los fines de ciertos grupos pueden estar por sobre los fines de otros en función de «ampliar» su representación política es atentar contra el corazón de la democracia en busca de la confrontación permanente. Resulta evidente que se trata de una emboscada que genera divisiones tajantes y los conflictos están garantizados.
El concepto de Estado plurinacional es un instrumento con el que se instala la división social, la trampa consiste en suplantar la «diversidad cultural» que es de lo que se nutre una sociedad, por una competencia de naciones dentro de una estructura administrativa. No es lo mismo una nación con diversidad cultural que varias naciones compitiendo dentro de un Estado bajo el principio político que les permite aspirar al pleno ejercicio de los derechos de cualquier nación como un ordenamiento jurídico propio, la soberanía territorial, el control de las fronteras. Tarde o temprano la plurinacionalidad termina fraccionando territorialmente un país.
Occidente, único lugar donde el respeto a la diversidad cultural es un valor y está garantizado, sufre a la vez un sentimiento de culpa sobre su historia y la evolución de sus valores. Es curioso que su principal virtud sea la clave de su vergüenza y que no se permita medirse en comparación con el resto de culturas. Un rápido escrutinio comparado permitiría poner blanco sobre negro acerca del respeto a “lo diverso” que implica el mito refundacional de la plurinacionalidad y los violentos peligros que engendra.
Esta guerra semántica que busca torcer el significado del concepto pluralidad, es una nueva ilusión dialéctica que no pretende descentralizar sino ampliar mecanismos de control centralizado que en un ordenamiento republicano serían imposibles. Por eso, en los países que vienen aplicando este neoparadigma político no existe ni más autonomía, ni más libertad ni más respeto. El relato victimista que dio lugar al concepto de plurinacionalidad, con un supuesto centralismo que agobiaba a la diversidad y que impedía la democracia, fue la excusa para que el castrochavismo se hiciera con el poder y asfixiara la alternancia. Ahora la plurinacionalidad, que no es otra cosa que Socialismo del Siglo XXI, toca la puerta de España.
