Joseph Campos Torres, abogado de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha solicitado este miércoles a la Fiscalía andina que se archive el caso que investiga a la mandataria por el presunto delito de genocidio por las muertes durante las protestas desde que llegó al poder.
La defensa de Boluarte considera que la investigación preliminar ha demostrado que no se puede atribuir a la presidenta ninguna omisión en el ejercicio de sus funciones puesto que no estaba informada ni de las decisiones tácticas ni de las operacionales.
Campos ha explicado en declaraciones a la emisora RPP que, además, las fuerzas del orden ejecutaron sus funciones de garantizar el orden interno porque «ocurrieron manifestaciones violentas», no protestas. «No se ha demostrado que las fuerzas del orden, de cualquier nivel jerárquico, hayan dado órdenes ilegales, inconstitucionales o que constituyan presuntos delitos», ha agregado.
«Por ello, corresponderá que se determinen las circunstancias de las lamentables pérdidas humanas y se determinen las responsabilidades de quienes no hubieran seguido los protocolos y órdenes de garantizar el control del orden interno ejerciendo debidamente el uso de la fuerza y/o de las personas que pusieron en riesgo y atentaron contra la vida e integridad de las autoridades», ha manifestado.
En este sentido, el abogado ha defendido que se estén investigando los fallecimientos de manifestantes, pero «no pueden escalar de manera directa porque, por el contrario, hemos sido testigos de una presidenta que ha estado llamando a la calma y que instruyó en todo momento la idea de restablecer el orden interno con el respeto debido a los Derechos Humanos».
Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de las protestas que surgieron tras la detención y cese del expresidente izquierdista Pedro Castillo.
