Las últimas semanas se han destapado graves casos de corrupción en Chile por parte de fundaciones ligadas a Revolución Democrática, un partido de la coalición del Frente Amplio de la cual proviene el presidente Gabriel Boric. Uno de los más polémicos casos es el de la fundación Democracia Viva que recibió $426 millones de pesos chilenos (más medio millón de euros), y que hoy está siendo investigada por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Esta situación ha puesto en aprietos al Gobierno del presidente Boric, el mismo que se ha presentado ante la ciudadanía con aparente superioridad moral y que, supuestamente, están adelantados al pueblo.
Democracia Viva se define como una ONG «sin fines de lucro» que tendría como misión «conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacio de participación política» y que buscan «radicalizar la democracia» (o sea, profundizar una praxis posmarxista) para «contribuir a la creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo». La fundación ha tenido estrechos vínculos con otras organizaciones a nivel internacional como el «Instituto 25» ligado al partido español Podemos, con quienes, por ejemplo, organizaron en conjunto eventos online sobre «la emergencia del fascismo» y otros similares.
La fundación Democracia Viva fue inscrita días antes de que Gabriel Boric asumiera como presidente, precisamente el 25 de febrero de 2022 en la comuna de Ñuñoa, municipio ubicado en la ciudad de Santiago (en la zona central de Chile, ampliamente conocido por el progresismo que allí se vive). De hecho, la alcaldesa de Ñuñoa es la militante de Revolución Democrática, Emilia Ríos (quien también ha sido investigada por Contraloría por irregularidades en contratos con la ONG FIMA). No obstante, y a pesar de ello, Democracia Viva recibió $426 millones de pesos chilenos desde la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Vivienda de Antofagasta, una región ubicada al norte del país. De ese monto sólo un 3% ha sido rendido.
En esta polémica se han visto involucrados, principalmente, miembros del partido Revolución Democrática (RD). De hecho, sus tres miembros fundadores pertenecen a este partido: Daniel Andrade Schwarze quien fue pareja de la diputada Catalina Pérez (RD); Doris Pinto, quien se desempeñó como asesora en la Subsecretaría de Telecomunicaciones; y Catalina Guzmán, actriz que apoyó la campaña en favor de la opción «Apruebo» en el primer proceso constituyente con dineros fiscales. Andrade figura en los escritos como presidente de Democracia Viva, Pinto como tesorera y Guzmán como secretaria.
Además, hay otras tres fechas como antecedentes en su constitución, que constituyen actas de estatutos firmadas ante notario: 30 de septiembre de 2021, el 6 de diciembre de 2021 y el 8 de marzo de 2023. En ellas aparece Daniela Dresdner, ex jefe de gabinete de la mencionada diputada Catalina Pérez y actual delegada presidencial en la Región del Biobío, como parte del Directorio previsional de dicha institución.
Sin embargo, en el acta del 8 de marzo de 2023, quedó consignado que Daniel Andrade firmó una rectificación de los estatutos de Democracia Viva que le permitía a su presidente, es decir al mismo Andrade, mover libremente montos superiores a 65 UF (más de $2,3 millones de pesos chilenos), sin el respaldo o firma de otro miembro del directorio.
Posteriormente, se descubrió que Dresdner emitió convenios y honorarios con Democracia Viva cuando ella se estaba presentando como candidata al Senado, pero de igual manera se encontraron nexos con la fundación Urbanismo Social (asociada al Partido Comunista), y recibió entre octubre y diciembre pasado $577 millones de pesos chilenos, en este caso desde la Seremi de Vivienda de la región del Maule. Daniel Andrade también está ligado a Urbanismo Social ya que presentó una boleta de honorarios bajo el concepto de «asesoría comunicacional». Por otro lado, se descubrió que la madre del ministro Giorgio Jackson y su jefe de gabinete también trabajan en esta fundación.
Con todo, acá se ve un grave tráfico de influencias por parte de la diputada Catalina Pérez, ya que no solo tuvo una relación amorosa con el representante legal de Democracia Viva (Daniel Andrade), sino que el encargado de la Seremi de Vivienda de Antofagasta fue jefe de gabinete de esta parlamentaria. Tras darse a conocer estos antecedentes, Pérez buscó defenderse al sostener que las discrepancias recibidas son debido a que es mujer. Sin embargo, estos descargos no previnieron el quiebre de Pérez con Revolución Democrática, principalmente con su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, quien le quitó el respaldo político. Por consiguiente, Catalina Pérez presentó una licencia médica desde el 3 hasta el 23 de julio que le permite ausentarse a sus labores en la Cámara de Diputados.
Si bien el caso de Democracia Viva está en plena investigación, no es temerario sostener que se irán descubriendo nuevos antecedentes. Pero lo que ya está claro es que esta fundación operó como el centro de ejecuciones política de Revolución Democrática, ya que recibió dineros fiscales directos de la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta y había trabajadores que, presuntamente, trabajaban simultáneamente para dicha Seremi y Democracia Viva, recibiendo doble sueldo como afirman algunas voces. Acá se puede observar un evidente conflicto de interés ya que, además, tenían acceso a información privilegiada. A esto se le agrega el mencionado traspaso de fondos para financiar la campaña de la opción «Apruebo», de la cual el mismo gobierno ejerció un descarado intervencionismo electoral, y el Servicio Electoral de Chile (Servel), está investigando este caso.
Por otro lado, Democracia Viva abrió la caja de pandora, ya que se comenzaron a conocer numerosas fundaciones ligadas al oficialismo que recibieron dineros fiscales directos. Asimismo, el ministerio de Vivienda se ha visto bajo la lupa ya que sus Seremis han sido las responsables de los traspasos de dineros fiscales. Esto genera un nuevo problema para el gobierno, que también daña los niveles de confianza institucional, pero asimismo destapa los casos de corrupción dentro del aparato estatal como la falta de transparencia y probidad del Ejecutivo. Por ello, el «caso fundaciones» ha generado un terremoto dentro del oficialismo.
Pero esta polémica no ha sido la única de este tono que ha ocurrido en Revolución Democrática. Giorgio Jackson, actual ministro de Desarrollo Social y Familia y, también, militante de RD, sostuvo hace unos años, precisamente en 2015, que «donaba» la mitad de su dieta parlamentaria a fundaciones. Así quedó registrado en el programa Vértigo de Canal 13, en el que Jackson tuvo un intercambio de palabras con el fallecido futbolista Eduardo Bonvallet, pues este último dudó de su versión (donar parte de su dieta), ya que tanto Jackson como Camila Vallejo se opusieron a disminuir el sueldo de los parlamentarios cuando ambos eran diputados y, además, apoyaron aumentar el número de los miembros del Congreso.
No obstante, en mayo de 2020 se descubrió que dicho dinero no era donado a fundaciones ya que iba a un ahorro bancario para financiar campañas electorales de su partido. Por esto, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados de Chile sancionó a Jackson, quien por esos días oficiaba como parlamentario, por engaño comunicacional, lo llamó al orden y cursó una multa de un 2% de su dieta parlamentaria.
Por otro lado, en el año 2018, el Servicio Electoral de Chile (Servel), tras una auditoria a los balances de los partidos políticos durante el periodo del año 2017, pidió a Revolución Democrática devolver aportes por gastos en bebidas alcohólicas. Entre las 23 observaciones del Servel, se encontraron ausencia de respaldos, solicitud de corrección de cifras y problemas en los balances. Por ello, el Servel sostuvo que «se detectó que existen gastos por concepto de bebidas alcohólicas por un monto de $150.614 (pesos chilenos)» y que «dichos gastos no se encuentran en el marco de las actividades propias de un partido».
En definitiva, el oficialismo chileno demuestra la profundización de su debacle. Pues, en estos 16 meses del presidente Boric, constantemente se ha visto un Gobierno en crisis y con malas praxis políticas. Asimismo, se ha reconfirmado que el Estado no debe endiosarse, y debe tenerse presente que aumentar su tamaño como su capacidad recaudadora (con reformas tributarias y previsionales) le da más posibilidades de corrupción y mal uso de dineros fiscales.
Por último, sepultados quedaron los dichos de Jackson al sostener que el frenteamplismo tiene una «superioridad moral«, y los del presidente Boric cuando señaló que «no se puede ir más rápido que el pueblo» tras la victoria de la opción «Rechazo» en el plebiscito de salida. De igual modo, rápidamente se desinfló la promesa de campaña presidencial de Boric al prometer «no más pitutos«, es decir, no poner a familiares o amigos en cargos públicos.
En suma, si estas narrativas caracterizan la «nueva» política de esta «joven» generación, que se traduciría en vergonzosos casos de corrupción y tráficos de influencias, sería bueno recordar que hay clásicos que nunca pasan de moda: la honestidad política, la austeridad fiscal, y apuntar al crecimiento económico en lugar de prácticas que favorecen el bolsillo de algunos. Hoy en día se añora la clásica política de fuertes principios y convicciones.
