Las últimas semanas han sido claves en el proceso de avanzada totalitaria en Venezuela, en medio del despliegue de Nicolás Maduro para buscar quedarse en el poder más allá del año 2024.
La inhabilitación política de María Corina Machado -la líder opositora más frontal al chavismo-, la inminencia del nombramiento de nuevas autoridades electorales, la determinación del Tribunal Penal Internacional (TPI) de seguir investigando al régimen por presuntos crímenes contra la humanidad y la embestida contra medios de comunicación críticos delatan el intrincado camino que transita el país sudamericano de cara al futuro.
El viernes pasado se oficializó la inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años. Los motivos de esa decisión son risibles, en tanto Machado tiene cerca de 10 años sin desempeñar cargos públicos, y por ende no es sujeto de inhabilitación administrativa alguna. Lo cierto del caso es que el procedimiento, al menos de entrada, invalida a la dirigente opositora para inscribir una eventual candidatura presidencial que desafíe a Maduro en 2024.
La líder de la formación Vente Venezuela ha insistido, sin embargo, en que dicha inhabilitación no la descalifica en modo alguno para hacer frente a Maduro en los meses por venir y que dará su lucha «hasta el final». Sacar conclusiones a esta altura sobre a qué se refiere en concreto Machado con ello luce apresurado.
Por lo pronto la dirigente opositora ha logrado desplegar movilizaciones de apoyo en los poblados más recónditos de Venezuela. Resta ver si logra transformar dicho movimiento en las calles en una expresión con suficiente fuerza para provocar cambios reales en el sistema.
En medio de ello el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, arremetió nuevamente contra Machado, aseverando que «no merece» estar en libertad ni participar en ninguna elección, en tanto pidió en su momento a la comunidad internacional activar sanciones contra el régimen que encabeza Maduro.
«Vamos a las calles a mostrar rostros, en tal fecha esta mujer pidió invadir nuestro territorio (…) no merecen las libertades que les ofrece la Constitución, merecen el castigo que impone la Constitución«, dijo Rodríguez el miércoles en una sesión del Parlamento orientada a celebrar un nuevo aniversario de la firma del acta de independencia de Venezuela.
La nueva embestida del régimen contra un liderazgo que se asoma como clara alternativa a la corrupción del socialismo chavista que ha empobrecido a Venezuela durante más de 20 años se produce además mientras dicha Asamblea Nacional acaba de nombrar una comisión para designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano que organiza los comicios en el país sudamericano.
Aunque los Estados Unidos han recalcado durante las últimas semanas que tienen la expectativa de que en Venezuela se produzcan unas elecciones que ofrezcan plenas garantías para la oposición, conducidas además por un árbitro que dé señas de independencia y transparencia, es difícil pensar que el chavismo coloque en el directorio a figuras que no le sean funcionales y que no estén dispuestas a avalar un nuevo fraude electoral.
Todas las señales en el camino dan, más bien, indicaciones sobre la renuencia del chavismo a hacer concesiones en su modelo político totalitario de cara al futuro.
En materia de libertades en los medios de comunicación, por ejemplo, la nación hispanoamericana sufrió un enorme retroceso en la última semana, tras el cese de transmisiones de la emisora radial más antigua del país, la casi centenaria Radio Caracas Radio (RCR).
En ese mismo sentido, un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que circuló el miércoles da cuenta de la enorme crisis de libertad de expresión que afronta Venezuela en la actualidad. El documento, presentado por el alto comisionado de DDHH de la ONU, Volker Turk, precisa que nada más durante el último año fueron cerradas 16 emisoras de radio, al tiempo que se bloqueó el acceso en el país a 44 medios web de índole nacional e internacional.
Recientemente el Tribunal Penal Internacional (TPI) autorizó la reanudación de las pesquisas al régimen de Maduro por incurrir en presuntos crímenes contra la humanidad -al menos desde 2014- cuando grupos opositores salieron a las calles a protestar. Dicho proceso ya tiene casi dos años de haber sido abierto y ha mantenido -en medio de un desarrollo con avances y retrocesos- a la tiranía chavista en la mira de la corte.
En mayo se totalizaron en cerca de 9.000 los testimonios de las personas que aseguran ante el TPI haber sido víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte del chavismo.