El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aprobado una serie de medidas que van desde reformas regulatorias y ventajas impositivas hasta nuevas garantías en materia de privacidad, con el objetivo de reducir la presión fiscal y el control estatal sobre los ciudadanos. Estas iniciativas, impulsadas por la Oficina del Presidente de la Nación (OPRA), marcan —según palabras del propio Ejecutivo— un cambio profundo en la relación entre el Estado y los argentinos.
«El paradigma se invierte: los ciudadanos dejarán de ser tratados como si fueran culpables hasta demostrar lo contrario», comunicó la OPRA en su boletín oficial. La nota insiste en que se reforzará el derecho a la presunción de inocencia y se limitarán las atribuciones de los organismos tributarios que, hasta ahora, controlaban cada movimiento financiero de la población. «Se termina el hostigamiento de burócratas que actúan como si fueran una casta superior», afirman.
Una de las reformas más destacadas afecta al acceso del Estado a los datos personales vinculados al consumo. Hasta ahora, cualquier compra realizada con tarjetas de crédito, débito o billeteras electrónicas debía ser reportada automáticamente a la Agencia Tributaria de Argentina (ARCA), sin importar el monto. A partir de ahora, estas operaciones volverán a quedar resguardadas bajo el principio de privacidad financiera.
Asimismo, se eliminan las obligaciones que tenían los concesionarios de autos de informar a la ARCA sobre la compraventa de vehículos usados. Una medida similar se aplicará al consumo energético y de servicios esenciales: ya no se notificará a la Agencia si un hogar tiene un gasto elevado en electricidad, agua, gas o telefonía, algo que anteriormente podía activar mecanismos de fiscalización.
También se han elevado significativamente los umbrales que obligaban a los bancos a comunicar ciertas operaciones a las autoridades. Por ejemplo, el retiro de dinero en efectivo en una sucursal sólo deberá informarse si supera los 10 millones de pesos, es decir, cerca de 8.000 euros. Hasta ahora, cualquier extracción debía ser reportada, sin importar el monto.
En cuanto a las transferencias y depósitos bancarios, el mínimo para ser reportados también ha aumentado. Anteriormente, cualquier transacción por encima de un millón de pesos (alrededor de 779 euros) debía ser informada a la ARCA. Con las nuevas disposiciones, ese límite se eleva a 50 millones de pesos, equivalentes a casi 40.000 euros. Esto también se aplica a operaciones con billeteras digitales, movimientos bursátiles y otras gestiones financieras.
Otro de los ejes clave del paquete aprobado es el rediseño del sistema bancario argentino en cuanto al tratamiento de datos personales. El Banco Central impulsará una nueva plataforma digital que permitirá a cada usuario visualizar de forma unificada toda su actividad financiera. Además, serán los propios ciudadanos quienes decidirán qué entidades pueden acceder a su información, lo que aumenta el control individual sobre sus finanzas y limita el acceso no autorizado.
