Cada vez queda más claro el uso del poder judicial como órgano de persecución al servicio del Ejecutivo boliviano y su partido MAS. Dos noticias recientes arrojan nuevas luces sobre el injusto encarcelamiento de la expresidente Jeanine Áñez, arrestada por órdenes del líder cocalero Evo Morales, por supuestamente haber perpetrado un «golpe de Estado».
La primera se refiere a un informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano para el Congreso de esa nación, en el cual se ratifica el reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las irregularidades detectadas en las elecciones de octubre de 2019, cuando Evo Morales buscaba un cuarto mandato.
Recordemos que la noche del 20 de octubre de 2019 el Sistema de Transmisión de Resultados preliminares boliviano se detuvo cuando era evidente que se tendría que realizar una segunda vuelta entre el entonces candidato y presidente Evo Morales y su contendor Carlos Mesa. Al ser repuesto el Sistema un asombroso cambio de tendencia se había suscitado. Morales obtendría la victoria en primera vuelta. Entonces, miles de bolivianos se lanzaron a las calles a manifestar contra el presunto fraude. Los comicios fueron anulados. Morales renunció y huyó del país.
En el informe del Departamento de Estado se confirma que el equipo auditor de la OEA `encontró irregularidades´ en el sistema informático del Centro de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y los resultados finales; así como en la cadena de custodia electoral; la legalidad e integridad de los formularios de resultados; y observaciones a la tendencia final de los resultados.
Dicho en palabras más simples: en los comicios presidenciales del 2019 Evo Morales perpetró un monumental fraude que, al ser detectado, obligó a la conformación un gobierno provisorio, encabezado constitucionalmente por Jeanine Áñez y avalado por el MAS, partido de Morales. Por tanto, no hubo tal «golpe de Estado».
La segunda noticia se refiere a un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionado a las ejecuciones en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, Bolivia, registradas en abril de 2009.
La CIDH señala que el Estado, en ese entonces gobernado por Evo Morales, cometió ejecuciones extrajudiciales y torturas a los detenidos por supuesto «terrorismo», y además mantuvo a los acusados entre 6 a 10 años con detención preventiva.
Horas después, el entonces presidente Morales llegaba a Venezuela y junto al hoy fallecido Hugo Chávez, dio una conferencia de prensa en Caracas, “donde informó que dio `instrucciones´ al entonces vicepresidente, Álvaro García Linera y por su intermedio al comandante de la Policía para hacer un operativo para a detener a estos mercenarios”, en el cual participaron funcionarios venezolanos.
Como puede observarse, Evo Morales manifiesta un comportamiento sistemático de persecución a sus adversarios, que también se reflejó anteriormente en la masacre de Pando.
El encarcelamiento de Jeanine Áñez es un eslabón más en la extensa cadena de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad perpetrados por el líder cocalero.
En este sentido, resulta muy positivo que la diputada y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, haya decidido “apadrinar” a Jeanine Añez y le haya prometido conseguir su libertad tras ser encarcelada por Evo Morales. Se trata de un proyecto de liberación de presos políticos iberoamericanos impulsado por el Instituto Casla, que encabeza la venezolana Tamara Suju.
“Quiero apadrinar a Jeanine Añez en Bolivia, represaliada por Evo Morales, por defender la libertad, por defender a su pueblo, los derechos fundamentales, frente al totalitarismo. No dejaremos de denunciar, no dejaremos defender la libertad ni dejaremos de luchar contra el comunismo y el totalitarismo y conseguiremos que te liberen. Ánimo, aquí nos tienes”, publicó en su cuenta de Twitter la asambleísta del partido español.
