El pasado lunes 5 de agosto, agentes de la Policía de Inteligencia de Venezuela irrumpieron sin orden judicial en la residencia de Gerardo Márquez, ubicada en Valera, estado de Trujillo. Al no encontrar a Márquez, los agentes se llevaron a su esposa, Jackeline Leal, de 44 años, y a su hija Camila, de 15.
Desde ese día, diversos testigos han denunciado que no se ha tenido noticia alguna del paradero de Jackeline y Camila; nadie sabe dónde están. Se teme que la policía chavista las haya hecho desaparecer para aplicarles psicoterror con el fin de que revelen el paradero de Gerardo Leal, quien es conocido por ser el encargado de transportar a la líder opositora María Corina Machado durante la campaña electoral en la región de los Andes.
Alfredo Ramos, dirigente de la Causa R y exalcalde de Iribarren, estado de Lara, ha denunciado públicamente el caso de Jackeline y Camila, señalando que, a pesar de la edad de Camila, el gobierno de Nicolás Maduro la está criminalizando por ser hija de un opositor.
En esta misma línea, Ramos también describe cómo las cárceles para presos políticos y disidentes han sido transformadas en campos de concentración. Según él, detalla Abc, a los jóvenes se les rapa la cabeza, se les golpea, tortura y se les obliga a gritar cánticos de la revolución chavista como parte de un proceso de reeducación.
María Oropeza sigue en paradero desconocido
María Corina Machado denunció a través de un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter) el secuestro de la opositora María Oropeza, coordinadora del comando Con Venezuela en el estado Portuguesa. El régimen la secuestró por la fuerza y, hasta el momento, se desconoce su paradero. Este hecho forma parte de la operación Tun Tun, que consiste en la persecución de aquellos que apoyan la elección de Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela.
El Foro Penal también ha denunciado que el 95% de los detenidos y secuestrados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio provienen de sectores sociales pobres. Hasta el momento, la ONG ha registrado 1.102 venezolanos privados de libertad, incluidos un centenar de menores.
