El miércoles 20 de julio se posesionó el nuevo Congreso de la República de Colombia, en el que el presidente izquierdista Gustavo Petro, quien tomará juramento el próximo 7 de agosto, tiene amplias mayorías. De hecho, es la primera vez que el Gobierno entrante logra una mayoría que supera el 90% de los escaños en ambas cámaras, más allá de que los partidos políticos se declaren formalmente como integrantes de la coalición de gobierno o independientes. Solo el partido Centro Democrático, colectividad de la que hace parte el mandatario saliente, Iván Duque, se declaró en oposición, pero hoy apenas representa el 10% del legislativo.
Las nuevas mayorías ya se hicieron sentir, irrespetando las formas que tradicionalmente han orientado los actos protocolarios de la política colombiana y despidieron al jefe del Estado con abucheos y un coro que gritaba “mentiroso, mentiroso”, algo que no se había visto en décadas.
Petro tiene muy claro que necesita a la clase política tradicional, esa a la que ha combatido siempre, primero con las armas cuando integró la guerrilla el M-19, después desde el Congreso de la República ejerciendo la oposición y como alcalde de Bogotá cuando se enfrentó a la Procuraduría General de la Nación, logrando medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la decisión de suspenderlo como jefe de Gobierno de la ciudad capital.
No obstante, también tiene claro que el sistema político del clientelismo cubrirá los actos indecorosos de sus huestes, pues quienes acompañaron al Gobierno saliente, lo acompañarán ahora a él y harán de oídos sordos a las críticas o burlas que reciban sus, hasta hoy, aliados.
El tono subió el mismo día de la posesión del Congreso, pues el Clan del Golfo y otros 27 grupos armados y de narcotraficantes le hicieron llegar una misiva al nuevo presidente en la que invitan a un diálogo nacional y señalan a Petro de ser “capaz de convocar la unión real de todos los colombianos en torno a un postulado democrático cuyo eje principal es la paz de Colombia”.
El designado canciller, Álvaro Leyva Durán, no dudó en responder y aceptó la invitación, aclarando que se llevarán a cabo acercamientos con todos los grupos que se mantienen en la ilegalidad, con el fin de lograr la paz nacional. Ya no se trata de abrir la puerta al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino a todos los carteles y bandas delincuenciales. El “perdón social” que prometió Petro durante la campaña se asoma, en compañía de la impunidad, esa que hoy tiene a las FARC en el Congreso sin haber confesado todos sus crímenes, sin haber reparado a sus víctimas y sin haber pagado un solo día de cárcel.
Atrás parecen haber quedado las críticas a Colombia como “narcoestado” o la falta de contundencia en las operaciones contra grupos paramilitares que vociferaban como oposición. Todos serán acogidos en un nuevo proceso de diálogo que liderará el nuevo Jefe del Estado a partir del próximo 7 de agosto.
Buscarán suficiente respaldo de la clase política y de la opinión pública para su cometido mediante gasto público y acuerdos burocráticos. En ese sentido anunciaron ya reforma tributaria, reforma agraria y reforma al sistema de salud para estatizarlo. La chequera del Gobierno debe tener amplios fondos y el Estado seguir creciendo para que la torta alcance y todos los partidos políticos aceiten sus maquinarias, a un año de las elecciones regionales.
La crisis fiscal que recibe el nuevo Gobierno es innegable. Eso dará un compás de espera, pues el retrovisor ofrece un blindaje potente. A fin de cuentas, Duque sale de la presidencia con uno de los peores índices de aprobación en la historia de Colombia y después de cuatro años sigue sin poder conectar con la opinión pública. Si de algo es ejemplo el Gobierno que termina es de desconexión con la gente, soberbia y desconocimiento de las reglas de la política colombiana. De allí que el otrora terrorista y hoy senador Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada “Tornillo”, reconociera en la réplica de la oposición al discurso del presidente que “lo único bueno que hizo fue pavimentar el camino para la oposición”.
Quién lo creyera, después de cuatro años de un presidente elegido por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez, las FARC integran la coalición que gobernará a Colombia y quedan abiertas las puertas para que otros grupos terroristas negocien la dejación de armas a cambio de impunidad y reparación a las víctimas por parte del Estado.
Para agravar el asunto, el viernes Petro anunció que su ministro de defensa será el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez Gómez, reconocido por adelantar las investigaciones del escándalo conocido como la “parapolítica”, en el que muchos congresistas resultaron acusados por vínculos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Velásquez nunca ha ocultado su enemistad con Álvaro Uribe Vélez, cuyo Gobierno fue acusado y condenado por interceptar ilegalmente sus comunicaciones, algo que Uribe siempre ha negado y rechazado.
Gustavo Petro ha sido directo, no ha ocultado su intención. Ha dicho una y otra vez que las mayorías se consolidan para promover las reformas que prometió a sus electores. Superada esa etapa, puede no haber freno o limitación. Todo parece indicar que Colombia está en riesgo de ser víctima de lo que Moisés Naím llamó “la revancha de los poderosos”, soportada en el populismo, la polarización y la posverdad. Veremos.
