El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el dictador venezolano Nicolás Maduro se reunieron nuevamente en Caracas este jueves, en lo que constituye el cuarto encuentro entre ambos -y el tercero en menos de seis meses- desde que el mandatario izquierdista colombiano llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto del año pasado.
La estrecha relación que los dos jefes de Estado han ido construyendo ha decantado en el restablecimiento -después de cuatro años- de relaciones diplomáticas plenas entre ambos países, mediante el nombramiento del chavismo de Carlos Eduardo Martínez como embajador en Bogotá, al tiempo que el Gobierno colombiano encomendó a Armando Benedetti el encabezar su embajada en Caracas. Recientemente Colombia y Venezuela dieron luz verde también a la apertura de su frontera común.
En esta ocasión el dictador venezolano recibió a Petro en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, una antigua residencia presidencial ubicada en la capital venezolana. Del intercambio la televisora estatal Venezolana de Televisión apenas reseñó que tuvo el objetivo de reforzar el “mapa de cooperación estratégica” entre ambos países, mientras otros medios afirmaron que el encuentro buscó incidir en aspectos “de cooperación económica, comercial, financiera, política y cultural”.
Y es que efectivamente la cercanía entre los dos Ejecutivos ha fructificado en una cooperación útil en los últimos meses.
Mientras Maduro ha visto en Petro una suerte de valedor ante la comunidad internacional, con miras a ser readmitido en sociedad y adecentar su imagen de tiranuelo socialista en el mundo, el jefe de Estado colombiano ha obtenido, entre otras cosas, la plena disposición del chavismo para coadyuvar al llamado proceso de “paz total” que el presidente de Colombia se ha empeñado en acometer con grupos terroristas como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, más recientemente, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hace pocos días al Estado colombiano logró, por ejemplo, la extradición de Aida Merlano, una excongresista condenada por delitos electorales y posesión ilegal de armas que logró fugarse a Venezuela en 2019. El traslado de la exparlamentaria, que volverá a ser juzgada en Colombia a partir del 29 de marzo próximo, evidentemente fue demorado por la tiranía chavista para generar incordios con el antecesor de Petro en el cargo, el expresidente Iván Duque.
Salpicados por escándalos de corrupción
Paradójicamente la reunión se produce en un contexto en el que tanto el régimen de Maduro como el Gobierno petrista han resultado salpicados por sendos escándalos de corrupción.
En el caso venezolano se ha dado pie a una purga dentro de un sector del chavismo encabezado por el ahora exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, que ha decantado en varios arrestos de funcionarios en medio del presunto descubrimiento de una trama que involucra a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en donde habrían sido robados cerca de 3.000 millones de euros.
A Petro, en cambio, le ha tocado hacer frente a señalamientos que involucran a su entorno familiar inmediato: su hermano Juan Fernando Petro y su hijo Nicolás Petro ha sido acusados de sostener encuentros con criminales e incluso de recibir dinero del narcotráfico para financiar actividades políticas y personales.
