El Parlamento de Nicaragua, dominado por el sandinismo, reformó esta semana la «Ley Especial de Ciberdelitos», para así recrudecer la vigilancia sobre los comentarios que emiten opositores contra el Ejecutivo de Ortega en redes sociales, incluso si estos son publicados desde fuera del país centroamericano.
En concreto la Asamblea Nacional aprobó de manera «urgente» y unánime esta nueva escalada contra la libertad de expresión, que pretende evitar que se propaguen «noticias falsas» que produzcan alarma o zozobra en la población. La ley pretende sancionar tanto a personas naturales como jurídicas que incurran en dicha «falta».
El instrumento jurídico aclara en su artículo 1 que éste tiene «por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de redes sociales y apliaciones móviles, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta Ley».
La ley prescribe adicionalmente la imposición de penas de entre tres y cinco años de cárcel a quienes incurran en la publicación de «noticias falsas», además de «300 a 500 días de multa». En caso de publicarse informaciones que «perjudiquen el honor, prestigio o reputación» de determinadas personas se impondrán condenas de dos a cuatro años de prisión y de «150 a 300 días de multa».
Uno de los cambios más drásticos que implica dicha reforma es el que contempla la elevación de las penas máximas en casos de «ciberdelitos» de 10 a 15 años de prisión.
La aprobación de esta ley, que golpea la ya de por sí deteriorada libertad de expresión en Nicaragua, coincide con la decisión tomada esta semana por el régimen sandinista que ordenó retirarle la nacionalidad a 135 expresos políticos de la dictadura encabezada por Ortega que recientemente fueron excarcelados y trasladados a Guatemala.