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EMBESTIDA CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA

Un sacerdote es condenado a casi 50 años de cárcel por la dictadura de Ortega

Monseñor José Leonardo Urbina, custodiado por la Policía de Nicaragua. César Pérez

La tiranía de Daniel Ortega condenó a 49 años al párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro y vicario episcopal de Boaco, monseñor José Leonardo Urbina, mientras la cifra de presos políticos ascendió a 205 en las últimas semanas: dos hechos que confirman la escalada represiva contra la iglesia católica y la consolidación de un estado policiaco en Nicaragua.

Monseñor Urbina, acusado por el régimen sandinista de supuesto abuso sexual contra una menor de 14 años, es el segundo sacerdote condenado por la dictadura sandinista; el primero fue el padre Manuel Salvador García, sentenciado a cinco años por “violencia doméstica”.

Ambos casos fueron procesados en tiempo récord, a puertas cerradas y sin evidencias, una política del régimen que emplea desde que retornó al poder contra quienes considera sus adversarios políticos. En el caso del padre García, no hay denuncia y la presunta víctima negó haber sido golpeada por el sacerdote. Mientras que en el caso de monseñor Urbina, sus denunciantes son personas vinculadas al partido Frente Sandinista de Liberación nacional (FSLN), el hermano de la presunta víctima resultó implicado en un robo a la iglesia.  

De los 49 años de sentencia, el clérigo cumplirá 30 años, que es la pena máxima establecida por ley excepto para delitos más graves, a los que se aplica la cadena perpetua.

Exhibe a disidentes presos

Mientras, el régimen mostró esta semana a los 47 disidentes detenidos en la cárcel El Chipote, pero no a los presos políticos que permanecen en las mazmorras de la cárcel La Modelo en Tipitapa, en condiciones deplorables.

Marlon Navarrete, activista nicaragüense en Miami, sostiene que el tirano solo muestra a los que están en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como El Chipote, porque son a los que a Ortega le interesa exhibir de cara a una futura negociación con la comunidad internacional, son los mediáticos. Ahí están los exaspirantes presidenciales, algunos políticos y empresarios.

“La gente ya sabe que Ortega ha instaurado un terrorismo Estado. Ortega al exhibirlos queda mal parado porque muestra la brutalidad represiva de su tiranía”, aseveró Navarrete al reconocer el estado de delgadez y la piel pálida por falta de sol de la mayoría de los detenidos.

Más sanciones para Ortega

El senador federal Marco Rubio se pronunció a favor de incrementar las sanciones al régimen de Ortega dirigida a tres blancos específicos: El Ejército como institución, altos militares y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), con lo que se asestaría un duro golpe a la dictadura.

La cúpula militar es la que sostiene a Ortega en el poder. Rubio cree que se deben sancionar las inversiones del Ejército de Nicaragua en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Las inversiones y empresas del Ejército han aumentado desde la llegada de Ortega al poder en enero de 2007.

La complicidad del Ejército quedó evidenciada durante las protestas de abril, a través de videos, denuncias, y por la utilización de armas de alto calibre de uso exclusivo de la institución castrense, que fueron empleadas para asesinar a manifestantes. La represión de abril de 2018, dejó más de 350 muertos. 

El DR-Cafta fue firmado entre Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana en 2005, y le da un acceso preferencial a Nicaragua al mercado estadounidense, un beneficio que el país perdería de ser excluido del Tratado de Libre Comercio.

Las más afectadas serían las empresas de Zonas Francas, que abandonarían el ramo al perder competitividad. En la Zona Franca hay más de 130.000 personas empleadas. Con ello se dificultarían las exportaciones de carne, café, azúcar, queso, entre otros rubros.

El legislador estadounidense, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que “el DR-Cafta es un tratado entre países democráticos, y Nicaragua ya no está en esas condiciones”, aseveró.

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