En un acto sin precedentes, los alcaldes de 16 estados brasileños, liderados principalmente por administraciones del Nordeste, paralizaron sus actividades en protesta por la caída de las transferencias del Fondo de Participación de los Municipios (FPM), la semana pasada. El movimiento, que ya tiene fuertes repercusiones en la esfera política nacional, llega en un momento delicado para el Partido de los Trabajadores (PT) y su líder, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los alcaldes afirman que la reducción de transferencias afecta a la ejecución de obras, obliga a renegociar los pagos con proveedores y puede provocar recortes salariales y despidos de funcionarios. El grupo de gestores municipales exige un aumento del 1,5% en el FPM, lo que equivale a 783,4 millones de reales (cerca de 146 millones de euros), además de otras medidas como la reducción de la tasa empleadora del INSS (seguridad social pública en Brasil) para municipios de hasta 156 mil habitantes y una recomposición del ICMS (una especie de IVA en Brasil).
Los datos de la Confederación Nacional de Municipios (CNM) corroboran el descontento de los alcaldes, mostrando que el 51% de los ayuntamientos están «en números rojos» en 2023, un aumento drástico respecto al 7% en el mismo período del año anterior. Según los alcaldes, la situación en los municipios ha empeorado con el cambio de Gobierno iniciado este año. La incomodidad es tan grande que incluso alcaldes de base del PT dijeron que no se podían quejar de los traslados durante el Gobierno de Bolsonaro.
Los expertos señalan que el descontento podría perjudicar significativamente el desempeño electoral del PT en las elecciones municipales de 2024. La región Nordeste, donde la huelga tiene mayor apoyo, ha sido históricamente un bastión electoral del PT. Este escenario ejerce una presión adicional sobre el gobierno federal para mejorar su relación con los municipios, sobre todo porque el partido ya ha visto una reducción en el número de ayuntamientos bajo su gestión, de 254 a 179, en las elecciones de 2020.
Durante un evento en Piauí, el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, intentó calmar los ánimos, asegurando que el nuevo Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) incluiría a todas las entidades federativas. El ministro anunció que en septiembre habrá una convocatoria para la selección de proyectos municipales en varias áreas, como infraestructura urbana y educación.
Sin embargo, el desafío del PT no es sólo resolver la crisis inmediata, sino también afrontar las consecuencias a largo plazo. Las elecciones municipales tienden a influir en el panorama político más amplio, incluidas las elecciones presidenciales y para gobernador. Por lo tanto, el partido debe afrontar esta crisis con cautela si quiere mantener su apoyo a nivel municipal y, por extensión, su fuerza política en el escenario nacional.
El PT enfrenta ahora un dilema que va más allá de la simple asignación de recursos; es una cuestión que involucra su propia credibilidad y capital político en una región históricamente aliada. La huelga de alcaldes ya ha provocado grietas visibles en el apoyo al partido, y los meses previos a las próximas elecciones serán cruciales para determinar si esas grietas se convierten en fisuras irreparables.
El politólogo Elton Gomes, profesor de la Universidad Federal de Piauí, afirmó en el informe de Gazeta do Povo el carácter inédito del movimiento:
«No recuerdo haber visto esto en la historia política brasileña. Esto sí tiene un impacto negativo en el partido del Presidente de la República. De persistir esta situación con este retraso en los pagos, poniendo en riesgo el buen desarrollo de las actividades del ayuntamiento, podría tener un impacto muy negativo en la campaña municipal. Este descontento de las prefecturas del Nordeste es bastante significativo, porque la región era la fortaleza inexpugnable del lulopetismo«.
Esta restricción de recursos refleja la situación fiscal de un Gobierno que gasta demasiado y no tiene suficientes ingresos para todas sus promesas políticas.
Los recursos contingentes reflejan la brecha fiscal del gobierno Lula
La última semana también estuvo marcada por la presentación del proyecto de presupuesto del Gobierno para el próximo año. Las cifras presentadas por el gobierno superan en 168 mil millones de reales (cerca de 31 mil millones de euros) la expectativa inicial de déficit cero para el año fiscal.
Los economistas escuchados por Poder360 expresaron escepticismo sobre el objetivo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de recaudar R$ 168,5 mil millones en ingresos adicionales para lograr un déficit cero en el Presupuesto 2024. El proyecto de presupuesto, que fue enviado al Congreso el pasado jueves (31 de agosto .2023), se basa en varias fuentes de ingresos condicionales, incluida la tributación de subvenciones a través del ICMS y la recuperación de créditos del CARF (Consejo Administrativo de Apelaciones Fiscales).
Los expertos sostienen que la materialización de estos ingresos es incierta, sujeta a factores como la aprobación del Congreso y posibles demandas. Jeferson Bittencourt, economista de ASA Investments, señaló que sin recortes en los gastos, la misión de alcanzar la meta se vuelve aún más difícil. Además, Carlos Kawall, exsecretario del Tesoro, considera que las estimaciones están sobreestimadas y señala que provocan «incertidumbre fiscal».
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, reconoció el desafío, pero reforzó el compromiso del Gobierno de alcanzar el mejor objetivo posible, respetando la decisión final del Congreso Nacional. La controversia en torno a la viabilidad de la meta presupuestaria puede llevar a revisiones en el transcurso de la Ley de Lineamientos Presupuestarios (LDO), afectando el escenario económico y político del país.
La huelga sin precedentes de alcaldes de 16 estados brasileños y el escepticismo de los economistas en relación al objetivo del Gobierno de Lula de déficit cero en el Presupuesto 2024 crean una tormenta perfecta para el Partido de los Trabajadores (PT).
Ambas crisis revelan una realidad fiscal preocupante y potencialmente afectan la credibilidad del partido, especialmente considerando la historia de fuerte apoyo en el Noreste. Con elecciones municipales a la vista y una situación económica incierta, el PT se encuentra en un delicado acto de equilibrio.
La capacidad de la formación para navegar estas aguas turbulentas no sólo definirá su próximo éxito electoral, sino que también podría tener profundas ramificaciones para la estabilidad política y económica de Brasil.
