Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador, denunció ante la Fiscalía del país a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y al ya exdiputado de Podemos Rafael Mayoral por los 11 contratos por valor de 2,6 millones de euros que el Gobierno del izquierdista, hoy prófugo de la Justicia, Rafael Correa, adjudicó a dedo a la cooperativa de la formación morada.
La Fiscalía de Ecuador, según recoge OKdiario, admitió el pasado mes de diciembre la denuncia presentada por Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea del país. Los pagos se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre 2013 y 2016. El político asesinado, que destapó la corrupción del correísmo, en las últimas semanas había denunciado los vínculos de los gobiernos del «Socialismo del siglo XXI» con el crimen organizado.
Es preciso señalar que la Fiscalía de Ecuador ha presentado cargos contra los seis detenidos —de nacionalidad colombiana— por su participación en el asesinato de Fernando Villavicencio, un crimen que ha generado «conmoción social».
El Ministerio Público ha expuesto en una vista 22 «elementos de convicción» que avalan el procesamiento de los detenidos, entre los que figuran pruebas de la escena del crimen y de los registros realizados, así como declaraciones de los testigos del ataque que se cobró la vida de Villavicencio tras un mitin electoral en Quito, la capital ecuatoriana.
