Los datos están vinculados a la financiación de los ataques terroristas en Nueva York y Washington.
Un tribunal estadounidense desestimó la acusación contra el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de ocultar inapropiadamente información sobre el papel que tuvieron ciudadanos sauditas residentes en Florida en la financiación del 11-S.
Florida Bulldog, una organización de investigaciones periodísticas, ha estado indagando en los lazos existentes entre sauditas afincados en EE.UU. y los secuestradores que dirigieron los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001. De los 19 secuestradores implicados, 15 eran sauditas.
La jueza de Florida del Sur Cecilia Altonaga ha dictaminado que el FBI puede mantener en secreto ciertas partes del documento ‘Overview of the 9/11 Investigation’ (Resumen de la investigación del 11-S), informa ‘The Herald Tribune’.
Excepción a la ley
El FBI hizo pública en febrero la versión redactada de las 60 páginas de diapositivas. En mayo Altonaga determinó, por demanda de Florida Bulldog, que el documento debía ser abierto al público después que el servicio secreto no lograra aplicar una excepción a la Ley por la Libertad de la Información diseñada para evitar la «revelación de métodos y procedimientos utilizados para investigaciones o enjuiciamientos».
El FBI pidió que se reconsiderara la decisión argumentando que, aunque el documento no discutía la metodología, podía revelar algunos de los métodos aplicados en la investigación.
Altonaga no ha apoyado que se inicie un proceso para evaluar la necesidad de mantener secretos los detalles vinculados a los ataques. «El tribunal no considera necesario revelar más hechos mediante un proceso», determinó la juez.
«El papel de Arabia Saudita»
El exsenador Bob Graham, quien copresidió la investigación del Congreso sobre el 11-S, se ha pronunciado en apoyo de los esfuerzos de Florida Bulldog, diciendo que el documento del FBI podría incluir información importante sobre el «presunto papel de Arabia Saudí en la financiación de los ataques».
«El conocimiento de estos hechos podría cambiar la opinión pública y las medidas del Gobierno acerca de la responsabilidad de los sauditas como aliado y sobre si es racional suministrarles armamento por valor de miles de millones de dólares», comentó.
El pasado año, la Casa Blanca difundió el informe oficial de la Comisión de Investigación del 11S, que fue creada por el Congreso y estuvo formada por varios expertos independientes. El punto clave del informe -publicado con censuras en algunos párrafos y frases- fue la participación de Arabia Saudí en los atentados.
Según la investigación, agentes de los servicios de inteligencia del país de Oriente Medio cooperaron con varios de los secuestradores del 11S. Además, el líder de Al Qaeda Abu Zubaidah tenía en su poder el teléfono de una empresa encargada del mantenimiento de una de las residencias oficiales del embajador saudí en Washington cuando fue arrestado en 2002. El embajador era el príncipe Bandar, cercano a la familia Bush y uno de los personajes más influyentes de la capital estadounidense en la década de los noventa.
Los documentos divulgados también probado que Bandar entregó varios cheques a financiadores del 11S. Pese a que las alegaciones no indicaron que el régimen saudí cooperara con la organización terrorista, sí señalaron que los terroristas estaban conectados. En este sentido, certificaron que Arabia Saudí no estaba demasiado interesada en cooperar en la búsqueda de Osama Bin Laden.
El Congreso estadounidense vetó que Barack Obama dejara sin respuesta a los miles de ciudadanos que perdieron a sus familias aquel fatídico día. El presidente norteamericano trató por todos los medios de parar la investigación, pero el sentido de la justicia de algunos congresistas se impuso y las familias pudieron apuntar directamente a los instigadores de la matanza.
La decisión no gustó nada en Riad y así se lo hicieron saber a Obama. La Casa Blanca siempre argumentó que esta legislación ponía en peligro las relaciones entre EEUU y Arabia Saudí y sentaba un peligroso precedente porque, con la excusa de la reciprocidad, podría invitar a otras naciones a demandar en corte extranjeras a diplomáticos y militares estadounidenses.
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Arabia Saudí usa su poder económico para vetar la ley del 11S
