Tempus fugit. Parece que fue ayer mismo cuando Leo Messi levantó la Copa del Mundo en Catar vestido con el besht, y resulta que ahora, tres semanas y media después, ya tenemos otro torneo futbolístico de muy dudosa moralidad en otro país del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, donde el respeto a los derechos humanos brilla por su ausencia. El Estadio Rey Fahd de Riad acoge estos días los tres partidos (las dos semifinales y la final) de la Supercopa de España, la competición que cumple su tercera edición en el país asiático –a unos 5.000 kilómetros de España– con la participación de cuatro equipos: Real Madrid, FC Barcelona, Valencia y Real Betis.
Un torneo que este año tiene un punto más morboso si cabe, pues, pese a no tener relación directa alguna, se disputa apenas unos días después de consumarse el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al-Nassr, uno de los principales clubes de Arabia Saudí, donde el astro portugués va a cobrar la friolera de 200 millones de dólares anuales (libres de impuestos),en un contrato que, además de su ficha, incluye otros conceptos como los derechos de imagen, contratos publicitarios, presencias en distintos eventos y promoción del país para su candidatura a la organización del Mundial en 2030 o 2034. Un fichaje, el de Ronaldo, que ha levantado no pocas ampollas en varios estamentos futbolísticos y extrafutbolísticos y que incluso ha provocado que las autoridades sauditas se salten a la torera su propia ley: la sharia prohíbe expresamente la convivencia de una pareja sin un contrato matrimonial –como es el caso de Cristiano y Georgina Rodríguez– pero esta vez han decidido hacer la vista gorda. No es un caso único, pero sí el más mediático.
De vuelta al caso que nos ocupa, el de la Supercopa de España, no dejan de arreciar las críticas hacia la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que preside un personaje siempre abonado a la polémica como es Luis Rubiales, por llevarse uno de sus torneos a un país donde se aplica la pena capital por delitos como el asesinato, la violación y el tráfico de drogas, pero también por motivos políticos –el año pasado, en un solo día fueron ejecutadas 81 personas, muchas de ellas tras juicios flagrantemente injustos–, mientras las mujeres y niñas son denigradas, los homosexuales perseguidos y amenazados con la cárcel, castigos corporales y hasta penas capitales, y los medios de comunicación reciben una fuerte censura gubernamental. Arabia Saudí es, en este sentido, «lo peor de lo peor», según reflejó recientemente una encuesta de la organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington, en un informe sobre los derechos políticos y civiles en los distintos países del mundo.
Los negocios de Piqué y Rubiales
Todo esto parece darle igual a Rubiales, empeñado en llevarse la Supercopa de España a Arabia con tal de seguir haciendo cash. Cabe recordar que, hasta 2018, el torneo consistía en una eliminatoria de ida y vuelta entre el campeón de Liga y el de Copa del Rey, pero la competición despertaba poco interés entre los aficionados, como se reflejó en las bajísimas audiencias. Todo ello cambió en septiembre de 2019, cuando la RFEF firmó un contrato con Arabia Saudí para llevar allí la Supercopa de España durante los siguientes seis años, con un nuevo formato de Final Four –dos semifinales y la final, con la participación de los campeones y subcampeones de Liga y Copa del Rey– y un contrato de 240 millones de euros a repartir entre la Federación, los clubes participantes y la agencia intermediaria, cuya identidad era desconocida por aquel entonces.
Pese a las numerosas críticas por llevarse el torneo a un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos –especialmente los de la mujer–, Rubiales no dudó en sacar pecho, calificando la competición como «la Supercopa de la igualdad» y asegurando que con los nuevos ingresos se ayudaría «al futbol modesto, al fútbol de base y al fútbol femenino». Nada más lejos de la realidad. Pero como no hay dos sin tres, en abril de 2022 la polémica se agigantaba, después de que el diario El Confidencial desvelara que la RFEF pactó con Kosmos Holding, la empresa propiedad de Gerard Piqué, llevarse la Supercopa de España a Arabia a cambio de una comisión total de 24 millones de euros (cuatro millones anuales). Un nuevo escándalo mayúsculo, teniendo en cuenta que el futbolista, entonces en activo antes de anunciar su retirada de los terrenos de juego en noviembre pasado, estaba haciendo negocios con el organizador de una competición en la que él participaba.
Motivos más que suficientes que tuvieron efectos casi inmediatos a nivel judicial y legislativo: un juzgado de Majadahonda (Madrid) abrió causa para investigar el negocio de la RFEF y Piqué (Geri y Rubi, como se llamaban entre ellos, tanto monta, monta tanto…) con los saudíes al ver indicios de delito, mientras que la nueva Ley del Deporte aprobada por el Congreso en octubre incluye la llamada cláusula anti-Piqué, que impide que un deportista en activo mantenga relaciones comerciales con la federación que organiza la competición en la que él mismo participe.
La sombra de la sospecha siempre acompañando a Luis Rubiales. Lejos de dimitir, como desde algunos sectores se había especulado con bastante ingenuidad, el presidente de la RFEF presumió de su gestión en este asunto de la Supercopa y, en una surrealista rueda de prensa ofrecida el pasado mes de abril –pocas horas después del escándalo destapado por El Confidencial–, se presentó como la víctima, hablando de «sacos de cocaína en el maletero del coche», «aparecer tirao en una cuneta con un tiro en la cabeza» o «piernas partidas».
Ahí sigue –y seguirá– el motrileño al frente del fútbol español, empecinado en defender, a su manera, la democracia mientras se lleva la Supercopa de (¿España?) a un régimen dictatorial.
