El gobierno de Australia ha anunciado una medida contundente para hacer frente a la propagación de lo que ellos consideren «desinformación» en las redes sociales, amenazando con imponer multas de hasta un 5% de los ingresos globales a las plataformas que no logren controlar la difusión de «bulos». Esta legislación, que fue presentada en el Parlamento ayer jueves, busca que las empresas establezcan códigos de conducta para evitar la circulación de contenido que ponga en riesgo el discurso oficialista, y establecerá medidas que deberán contar con la aprobación de un organismo regulador. En el caso de que las plataformas no lo cumplan, el regulador impondrá sanciones.
La propuesta se centra en combatir la información que, según ellos, pueda poner en riesgo la integridad electoral, la salud pública, incitar a la violencia o poner en riesgo infraestructuras clave y servicios de emergencia. Este movimiento regulador es parte de una estrategia más amplia de Australia para ejercer mayor control sobre las grandes empresas tecnológicas, las cuales, al operar desde el extranjero, consideran que están desafiando la soberanía del país. Con elecciones federales a menos de un año, consideran que la aplicación de estas medidas es todavía más urgente —según apunta Reuters—.
Michelle Rowland, ministra de Comunicaciones, ha subrayado la gravedad de la situación al señalar que «la desinformación representa una amenaza seria para la seguridad, la democracia y la economía de Australia». Ha afirmado que el gobierno no puede permitirse ignorar este problema y dejar que crezca sin control. Una versión anterior del proyecto de ley fue criticada en 2023 por otorgar demasiado poder a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios para definir qué constituye desinformación.
La nueva legislación incluye protecciones para contenidos artísticos, religiosos y noticias profesionales, pero no extiende esta protección a información autorizada por el gobierno.
A pesar de la envergadura de esta propuesta, algunas plataformas como Meta, que tiene a casi nueve de cada diez australianos como usuarios de Facebook, han optado por no hacer comentarios. El organismo industrial DIGI, que incluye a Meta, afirmó que el nuevo marco refuerza un código antidesinformación actualizado en 2022, aunque señaló que aún quedan muchas preguntas sin resolver.
El portavoz de asuntos internos de la oposición, James Paterson, ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que las creencias políticas legítimas de los australianos puedan ser censuradas, ya sea por el gobierno o por empresas tecnológicas extranjeras. Mientras tanto, la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios ha dado la bienvenida a la legislación, destacando que le otorgará un papel clave en la lucha contra la desinformación en el entorno digital.
