El Senado de Australia ha dado luz verde este jueves a una reforma histórica que prohíbe el acceso a redes sociales para personas menores de 16 años. Esta legislación, que convierte a Australia en el primer país del mundo en implementar tal medida, busca proteger el bienestar emocional y social de los más jóvenes. La prohibición, que entrará en vigor en un año, incluye multas de hasta 50 millones de dólares australianos (unos 30,8 millones de euros) para las empresas que incumplan la normativa.
La aprobación del proyecto de ley contó con el respaldo de los principales partidos políticos, que lograron sacar adelante la iniciativa justo antes del receso parlamentario. El texto ya había sido aprobado previamente por la Cámara de Representantes, allanando el camino para su conversión en ley. Sin embargo, algunos legisladores han mostrado dudas sobre la implementación práctica de esta regulación, especialmente en lo que respecta a las plataformas específicas que se verán afectadas.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido uno de los principales defensores de la reforma. En sus declaraciones, aseguró que las redes sociales «están perjudicando a nuestros hijos» y reafirmó el compromiso del Gobierno con las familias: «Quiero que los padres sepan que estamos de su lado, protegiendo el bienestar de sus hijos.»
El impacto de la nueva legislación en las empresas tecnológicas ha sido un punto controvertido. Algunos gigantes del sector han criticado la falta de detalles en el texto, mientras que el dueño de la red social X, Elon Musk, acusó al Gobierno australiano de intentar «controlar el acceso a Internet por la puerta trasera». A pesar de las críticas, el Gobierno ha asegurado que no se impondrán sanciones a los usuarios que incumplan la medida.
La prohibición, inédita a nivel global, representa un desafío tanto para las plataformas digitales como para los reguladores, que deberán definir cómo se aplicará la norma y qué mecanismos se utilizarán para verificar la edad de los usuarios. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre la libertad de acceso a Internet y la protección de los menores sigue abierto, con Australia marcando un precedente que podría influir en futuras regulaciones en otros países.
