La democracia y la libertad, debilitadas en Turquía un año después del golpe

La policía turca detuvo esta semana a una joven estudiante en Samsun, una ciudad en la costa del Mar Negro, después de encontrar sus huellas dactilares en unos libros que alguien había tirado en un contenedor de basura.
Estas lecturas hacían referencia a las enseñanzas de la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien el Gobierno turco acusa de infiltrarse en el aparato del Estado y perpetrar el golpe del 15 de julio de 2016.
Esta detención es solo un ejemplo de cómo el fallido alzamiento ha sumido a Turquía en una «caza de brujas» sin precedentes contra presuntos golpistas, y contra cualquier crítico con el gobierno y el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.
Si bien el mandatario intentó mostrar «unidad» tras el golpe, al convocar reuniones con dirigentes opositores, el gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) nunca llegó a tender la mano al izquierdista prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP).
En doce meses bajo el estado de emergencia -decretado pocos días tras el golpe- más de 130.000 personas han sido detenidas y unas 50.500 están en prisión preventiva.
Además, siguen vigentes órdenes de búsqueda y captura para otras 8.600 personas, mientras que unas 47.000 permanecen bajo control judicial, según datos del Ministerio de Justicia.
También ha supuesto el cierre o la intervención de casi mil empresas, 15 universidades, 156 medios de comunicación, 42 editoriales y más de 370 ONGs.
La «expulsión» de supuestos gülenistas del aparato del Estado ha provocado el despido o suspenso de más de 130.000 funcionarios mediante decreto.
Esta acción ha causado lo que muchos en Turquía consideran una «muerte civil» de miles de funcionarios que se encuentran ante un laberinto sin salida al no poder recurrir esta decisión.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tampoco admite solicitudes por no poder demostrar que se hayan agotado los recursos judiciales del país eurasiático.
Además, a la mayoría de los afectados se les ha cancelado el pasaporte y enfrentan grandes dificultades para encontrar trabajo porque arrastran el estigma de ser señalados por el Gobierno.
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