El organismo de control de la salud pública ha sido acusado de «encubrimiento» tras negarse a publicar datos que podrían vincular la vacuna del coronavirus con el exceso de muertes, una decisión que ha desencadenado críticas de asociaciones civiles, juristas y representantes políticos. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) afirmó que divulgar esa información podría causar «angustia o enfado» entre familiares de fallecidos y afectar al bienestar emocional de las personas implicadas, además de alimentar interpretaciones erróneas que perjudicarían las campañas de vacunación.
La controversia se remonta a una solicitud presentada por la organización UsForThem bajo la ley de libertad de información. Su petición reclamaba un conjunto de datos anónimos que relacionara la fecha de cada dosis de la vacuna con la fecha de fallecimiento, información que —según parlamentarios de varios partidos— sí se habría compartido con compañías farmacéuticas, pero nunca con el público. A pesar de ello, la UKHSA rechazó la solicitud alegando riesgos de identificación y asegurando que la publicación podría favorecer la desinformación. Tras dos años de recursos, el Comisionado de Información acabó respaldando la postura de la agencia.
Desde el ámbito político, Reform UK ha prometido abrir una investigación pública sobre el exceso de mortalidad registrado desde 2020 y sobre los posibles efectos adversos de las vacunas. Su subdirector, Richard Tice, calificó la actitud de la UKHSA como un «escandaloso intento de ocultar cómo y por qué fallece la gente», y exigió al Gobierno que obligue a la agencia a entregar los datos. Según Tice, impedir el acceso a la información impide también aprender de las causas reales de las muertes.
El abogado Ben Kingsley, representante legal de UsForThem, también criticó duramente la actuación de la UKHSA. Considera que la negativa muestra una «voluntad absoluta» de evitar que la información salga a la luz, y comparó la actitud del organismo con el antiguo escándalo de la sangre contaminada, cuyo informe reveló años después que el Gobierno había ocultado datos para «proteger» supuestamente a la población. Kingsley sostiene que el argumento de que el público podría sentirse alterado si se detectaran patrones es «paternalista» y refleja la misma mentalidad que dominó la gestión de la pandemia.
Mientras tanto, la UKHSA insiste en que su prioridad es la confidencialidad. Un portavoz del organismo señaló que existía «una posibilidad real» de que la divulgación permitiera identificar a personas concretas. Defiende que ya se entregó una versión «cuidadosamente anonimizada» del conjunto de datos y celebró que el tribunal desestimara el recurso presentado contra su decisión.
El debate sobre el exceso de muertes sigue abierto, pero la decisión de no publicar los datos completos ha intensificado la desconfianza entre grupos ciudadanos, que exigen transparencia total para conocer si existe —o no— alguna relación entre las campañas de vacunación y los picos de mortalidad registrados en los últimos años.
