El presidente de Kenia, William Ruto, ha asegurado que las autoridades «no permitirán los matrimonios entre personas del mismo sexo» y ha rechazado el reciente fallo del Tribunal Supremo que da a los miembro de la «comunidad LGBTI» derecho a formar agrupaciones en el país.
Ruto ha afirmado que, si bien ha prometido respetar los fallos judiciales, en este caso es diferente. «No este fallo. No lo aceptaremos. Nos aferraremos a nuestra cultura y nuestras tradiciones. No permitiremos los matrimonios entre personas del mismo sexo», ha recalcado.
«No podemos salir a las calles a pedir que se les permita casarse. Esto pasa en otras partes, pero no en Kenia«, ha dicho. El presidente keniata ha reclamado a «líderes religiosos» que «mantengan sus posiciones y eduquen a los niños para que la cultura se vea emulada por las generaciones futuras«, según ha recogido el diario keniano ‘The Standard’.
Por su parte, el vicepresidente keniano, Rigathi Gachagua, ha mostrado su estupor ante el fallo del Tribunal Supremo, a pesar de que no abordara en ningún caso una legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. «Si una mujer se casa con una mujer, ¿qué pasaría? No queremos esta cosas satánicas que van en contra de aquello en lo que creemos«, ha zanjado.
La postura de Ruto ha sido respaldada por el principal líder opositor, Raila Odinga, con quien mantiene tensas relaciones después de que este último rechazara los resultados de las elecciones presidenciales y afirmara que fue él quien se hizo con la victoria en las urnas.
Sin embargo, en este caso Odinga ha recalcado que «no es el papel del aparato judicial el de redactar las leyes«. «La Constitución reconoce la separación de poderes. Dejemos que el Parlamento haga su trabajo», ha argüido, antes de apuntar a la existencia de una «agenda» impulsada por Occidente.
El Tribunal Supremo de Kenia desestimó la semana pasada la decisión del Gobierno de impedir el registro en 2013 de una ONG a favor de los derechos de la «comunidad LGTBI» y avaló ahora su inclusión por considerar que el colectivo tiene derecho a asociarse y organizarse.
El tribunal se pronunció así en contra de la decisión de rechazar el registro por considerar que se trata de una medida discriminatoria, si bien ha fallado que la homosexualidad sigue siendo ilegal en el país, cuyo Código Penal contempla penas de hasta catorce años de cárceles por actos homosexuales.