La Cámara Federal de Argentina confirmó que la muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de encubrir a presuntos terroristas, se trató de un homicidio y no un suicidio, informaron fuentes jurídicas.
«Procede encomendar a los magistrados a cargo de la investigación el sostenido avance del curso instructorio con miras a la completa y cabal determinación de los responsables del homicidio de Natalio Alberto Nisman, con la celeridad y seriedad que tan grave hecho impone», señaló el alto tribunal en una resolución.
Para tratar de avanzar en si fue un suicidio o un homicidio, ya el pasado año la Fiscalía encargó a una junta de peritos realizar una reconstrucción del momento de la muerte del fiscal, en la que se estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron en su casa Nisman, que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.
«Nos encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar ‘prima facie’ que Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA», remarca el texto judicial.
Cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en su apartamento de Buenos Aires, el fiscal denunció a la presidenta, su canciller y otros colaboradores al asegurar que la firma de un acuerdo entre Argentina e Irán en 2013 escondía un pacto para encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos ex altos cargos del país persa, para favorecer el intercambio comercial bilateral, algo que Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, siempre ha negado.
La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este viernes, al resolver diversos recursos interpuestos por los imputados en la causa y por Sara Garfunkel, la madre de Nisman, el procesamiento de los cuatro agentes de la Policía Federal encargados de la seguridad del fiscal: Luis Ismael Miño, Armando Niz, Rubén Fabián Benítez y Néstor Oscar Durán.
A estos se les acusa de no proteger «en forma debida» al fiscal.
A su vez, continuará procesado por el homicidio el técnico informático Diego Lagomarsino, colaborador del fiscal Alberto Nisman, que fue quien dijo haberle prestado el arma que lo mató.
«Hacia adelante existe una ardua tarea instructoria con la finalidad de avanzar en la completa determinación de las responsabilidades y la individualización de todos sus partícipes», agregó la Cámara.
Por el momento, ninguno de los imputados está detenido, aunque Lagomarsino -quien reitera que el propio fiscal le pidió el arma para proteger a sus hijas y tiene prohibida la salida del país desde 2015- cuenta con una tobillera electrónica para el control de sus movimientos.
Esta ratificación judicial supone un avance en el caso, que desde el fallecimiento de Nisman, entre multitud de idas y venidas, pasó de la Justicia ordinaria a la federal, con más competencias.
