El 15 de agosto se cumplen cinco años de la entrada de los talibanes en la capital afgana tras la retirada estadounidense y el hundimiento del Gobierno respaldado durante dos décadas por Washington. Desde entonces, el autodenominado Emirato Islámico ha conseguido imponer su autoridad sobre prácticamente todo el territorio. Pero el precio de esa estabilidad ha sido enorme.
La música está prohibida. Las restricciones religiosas dominan la vida cotidiana. Las niñas no pueden continuar su educación secundaria a partir de los 12 años y las mujeres han sido progresivamente apartadas de universidades, empleos y numerosos espacios públicos. La denominada Policía de la Virtud y la Prevención del Vicio se ha convertido en uno de los principales instrumentos de control social del régimen.
Kabul ofrece una imagen reveladora de la transformación. Donde antes había murales de colores aparecen ahora enormes lemas religiosos. En las calles pueden verse vehículos militares estadounidenses capturados durante el colapso de 2021 y hombres armados vigilando la capital.
Sólo Rusia reconoce formalmente al Gobierno talibán, mientras buena parte de sus dirigentes continúa sometida a sanciones internacionales.
Paz bajo un régimen de hierro
El principal argumento empleado por los talibanes para legitimar su Gobierno es la seguridad. Después de décadas de atentados, combates y ataques suicidas, Afganistán vive efectivamente un periodo mucho menos violento. Según datos recogidos por The Economist, menos de un centenar de civiles murieron en atentados terroristas durante el último año.
El régimen ha golpeado a la rama afgana de Estado Islámico y Al Qaeda ha reducido considerablemente su actividad dentro del país. Pero existe una ironía evidente: una parte sustancial de la violencia que padecía Afganistán antes de 2021 procedía precisamente de la insurgencia talibán que hoy controla el Estado.
Para numerosos afganos, poder desplazarse nuevamente por carretera, transportar productos hasta los mercados o visitar familiares sin exponerse constantemente a ataques supone una mejora incontestable. Sin embargo, esa seguridad convive con una represión feroz contra cualquier forma de oposición pública.
En Herat, una protesta protagonizada en junio por mujeres contra las actuaciones de la Policía de la Virtud terminó violentamente reprimida. Varias manifestantes fueron golpeadas y una adolescente murió por disparos, según testimonios recogidos por la revista británica.
La mitad de los ingresos del Estado, para seguridad
La obsesión del régimen por mantener el control también queda reflejada en sus cuentas públicas. El Gobierno recauda aproximadamente 4.000 millones de dólares anuales entre impuestos y otros ingresos, cerca de un 60% más que en 2020, gracias en parte a una reducción de la corrupción cotidiana que había caracterizado los últimos años de la anterior República afgana.
Sin embargo, la mejora recaudatoria no ha compensado el desplome de la ayuda internacional. Afganistán recibía alrededor de 4.000 millones de dólares anuales en ayuda humanitaria y al desarrollo en 2020. En 2025, esa cifra había descendido hasta unos 1.200 millones, y previsiblemente será todavía menor este año.
Mientras hospitales y centros sanitarios sufren una creciente falta de financiación, el Gobierno talibán destina aproximadamente la mitad de todos sus ingresos a seguridad.
Parte del dinero restante está siendo empleado en infraestructuras, carreteras, canales, gasoductos, instalaciones solares y, significativamente, en la construcción sistemática de mezquitas aproximadamente cada 70 kilómetros en determinados corredores del país.
Un país hundido en la pobreza
La situación económica constituye uno de los grandes fracasos del Emirato Islámico. El PIB por habitante cayó bruscamente después de la llegada de los talibanes al poder y actualmente ronda los 2.300 dólares ajustados por poder adquisitivo, una cifra similar a la registrada a mediados de la década de 2000.
Sólo algunos de los países más pobres y golpeados por conflictos del África subsahariana presentan indicadores inferiores. La consecuencia es una pobreza generalizada. Muchos niños sobreviven únicamente con pan y té, según trabajadores humanitarios presentes en el país. La sequía prolongada agrava la escasez alimentaria y en Kabul se forman largas colas para conseguir agua.
En numerosos pueblos, las familias se endeudan simplemente para poder comer. «Tenemos paz, pero nuestros bolsillos están vacíos», resume un anciano de una aldea de Sarobi citado en el reportaje.
La falta de empleo se ha convertido igualmente en un problema estructural. Incluso determinados trabajos vinculados a proyectos locales exigen en ocasiones la aprobación previa de comandantes talibanes, reforzando las redes clientelares del nuevo poder.
El régimen que condena a millones de niñas a quedarse en casa
Pero el aspecto más radical del régimen sigue siendo su política contra las mujeres. Durante los veinte años anteriores al retorno talibán, la escolarización había aumentado considerablemente, especialmente en las ciudades. El sistema distaba de funcionar correctamente —la alfabetización nacional continúa rondando apenas el 37%—, pero millones de familias habían interiorizado ya que tanto sus hijos como sus hijas debían recibir educación.
Los talibanes destruyeron esa expectativa. Las niñas tienen prohibido asistir a la educación secundaria convencional después de los 12 años. Según distintas fuentes consultadas dentro del país, la medida es rechazada incluso por numerosos miembros del propio movimiento talibán, pero la concentración absoluta del poder alrededor del emir Haibatullah Akhundzada impide cualquier rectificación.
Algunas familias han recurrido a escuelas religiosas autorizadas para mantener a sus hijas estudiando. En una de ellas, situada en Kabul, unas 600 alumnas reciben clases de matemáticas, ciencias, geografía e inglés además de estudios islámicos. Pero incluso allí reina el miedo.
Las estudiantes deben vestir abaya negra, cubrirse el cabello y ocultar también la boca. Profesores y alumnas hablan con discreción por temor a que la enseñanza de materias no estrictamente religiosas provoque el cierre del centro.
Una adolescente resume el futuro que el régimen pretende imponerles: «No queremos simplemente quedarnos en casa criando niños o convertirnos en profesoras de una escuela islámica. Ese no era nuestro sueño».
Akhundzada concentra un poder cada vez más absoluto
El principal responsable del endurecimiento es Haibatullah Akhundzada, líder supremo talibán y probablemente el hombre más poderoso de Afganistán. Gobierna desde Kandahar, lejos de la relativamente más abierta Kabul, y rara vez aparece en público.
Antiguo clérigo y juez de la sharía, durante la guerra respaldó la generalización de los atentados suicidas como herramienta militar. Uno de sus propios hijos murió en un ataque suicida en 2017.
Desde su regreso al poder, Akhundzada ha impuesto una interpretación extremadamente rigorista de la ley islámica. Su Gobierno establece una estricta segregación por sexos, códigos de vestimenta y una progresiva desaparición de la mujer de la vida pública.
En sus discursos ha presentado los derechos de las mujeres y buena parte de la educación no religiosa como amenazas procedentes de un mundo exterior corrupto. Una fuente diplomática en Kabul describe su visión de Occidente como la de un lugar «envenenado» que aleja a los afganos de Dios y de la sharía.
Una guardia de 8.000 hombres bajo control personal del emir
Akhundzada también ha construido una estructura de poder destinada a impedir cualquier desafío interno. Los ministros establecidos en Kabul cuentan con adjuntos que responden directamente ante él. El emir controla personalmente la Policía de la Virtud y ha obtenido influencia directa sobre determinados ingresos procedentes de la minería.
Además, durante los últimos seis meses ha formado en Kandahar una fuerza de aproximadamente 8.000 combatientes fuera de la cadena de mando convencional del Ejército afgano.
La unidad tiene todas las características de una fuerza pretoriana destinada a garantizar la seguridad personal y política del líder supremo. Durante los primeros años del nuevo Emirato existieron expectativas de que sectores menos radicales de los talibanes pudieran moderar el régimen.
Algunos dirigentes habían pasado años en países del Golfo y conocían modelos islámicos capaces de combinar desarrollo económico, inversión internacional y determinadas aperturas sociales. Uno de los nombres más mencionados era Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior.
Pero esas expectativas prácticamente han desaparecido. Los sectores menos radicales han terminado cerrando filas alrededor de Akhundzada, bien porque carecen de fuerza suficiente para desplazarlo o porque priorizan preservar la unidad del movimiento y mantenerse en el poder.
La persecución de las mujeres golpea ya a la sanidad
Las consecuencias del extremismo ideológico son particularmente graves en el sistema sanitario. El régimen exige separar a médicos y pacientes por sexo, ha expulsado a numerosas mujeres de la profesión sanitaria y ha impedido que otras puedan formarse para sustituirlas.
El resultado es previsible: millones de afganas tienen cada vez mayores dificultades para recibir asistencia médica. Una investigación de Refugees International citada en el reportaje señala que la mortalidad materna en Herat durante el primer semestre de 2026 fue cinco veces superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior.
La política talibán genera así una paradoja letal: prohíbe que las mujeres reciban formación médica mientras al mismo tiempo dificulta que sean tratadas por hombres.
Profesores, médicos y profesionales buscan escapar
A la pobreza se suma una creciente fuga de talento. Profesores universitarios y profesionales que permanecieron inicialmente en Afganistán esperando una progresiva moderación del régimen están reconsiderando su decisión. Un profesor citado por The Economist relata que todas las mujeres han desaparecido de su facultad y que su propia esposa, pese a estar cualificada, tiene prohibido trabajar.
Su conclusión es cada vez más frecuente entre la población urbana formada: marcharse. Miles de afganos siguen intentando atravesar ilegalmente las fronteras a pesar de que Irán y Pakistán han endurecido radicalmente su política migratoria. Otros tratan de cruzar el desierto de Margo. El nombre resulta estremecedoramente apropiado: marg significa «muerte» en persa.
Cinco años después, el régimen no ofrece una salida
El Emirato Islámico puede exhibir una reducción evidente de la violencia y algunos avances en recaudación e infraestructuras. Pero cinco años después de recuperar Kabul, los talibanes siguen sin ofrecer un proyecto capaz de sacar del atraso a los 45 millones de habitantes del país, casi dos tercios de los cuales ni siquiera habían nacido cuando comenzó la invasión estadounidense en 2001.
Afganistán tiene paz, pero continúa siendo uno de los países más pobres del planeta. Tiene carreteras más seguras, pero millones de ciudadanos carecen de empleo. Tiene un Estado más centralizado, pero la mitad de sus ingresos se destinan a mantener su aparato de seguridad.
Y tiene un régimen que, mientras reclama reconocimiento internacional e inversión extranjera, mantiene a millones de mujeres apartadas de la educación, del trabajo y de buena parte de la vida social.
Para buena parte de los afganos, especialmente para una generación que creció con expectativas muy distintas, cinco años de espera han sido suficientes. La estudiante Diwa lo expresa con una frase que resume el creciente cansancio de la población: «Han pasado cinco años. No queremos esperar más».
