La entidad ha recibido quejas relacionadas en concreto con presuntas violaciones de los convenios internacionales relativos a la fijación de salarios mínimos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la creación de una «Comisión de Encuesta» para Venezuela, un procedimiento de investigación que se establece en casos en los que se tiene serios indicios de que un país está violando de forma grave y persistente convenios laborales.
La entidad ha recibido quejas relacionadas en concreto con presuntas violaciones de los convenios internacionales relativos a la fijación de salarios mínimos, libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y consulta tripartita.
Una misión de esta misma organización debía viajar a finales del pasado enero a Venezuela para indagar sobre esas denuncias, planteadas por la patronal FEDECAMARAS, pero la visita se suspendió.
Ello debido a que el Gobierno venezolano no garantizó que la misión podía realizar todas las entrevistas que tenía planeadas, en particular con representantes de varios sindicatos y líderes de otros sectores sociales.
De la agenda de trabajo que la misión transmitió a las autoridades, éstas le respondieron con una agenda modificada, que excluía a tres de los nueve sindicatos enumerados inicialmente, además de a todos los líderes sociales.
El Gobierno acusaba a las entidades sindicales y sociales excluidas de ser «partidistas» y de oponerse a sus políticas.
Venezuela pudo evitar el pasado noviembre la instalación de la Comisión de Encuesta, pero esta vez el Consejo de Administración de la OIT -órgano decisorio entre las asambleas anuales- decidió proceder con esta medida.
Desde su fundación, hace 99 años, la OIT sólo ha establecido doce comisiones de encuesta. El caso más reciente fue el de Zimbabue en 2008.
La queja que ha dado lugar a la Comisión de Encuesta para Venezuela data de mediados de 2015 y además de la violación de los citados convenios, alegaba ataques, acoso, agresiones y una campaña de descrédito contra FEDECAMARAS, sus dirigentes y afiliados.
Asimismo, se señala que las autoridades no consultan con esa federación de empleadores sobre leyes que afectan los intereses económicos de sus miembros, incluidos los aumentos del salario mínimo.
Desde 2015 la OIT ha pedido varias veces al Gobierno de Venezuela que adopte medidas para remediar esa situación, pero el progreso ha sido nulo.
En la decisión de hoy se hace mención especial al fracaso de institucionalizar una mesa redonda tripartita, que debía reunir a representantes del gobierno, los empleadores y trabajadores, así como de la OIT para fomentar el diálogo social.
La Comisión de Encuesta estará formada por tres miembros independientes, quienes deberán realizar una investigación profunda de las denuncias, determinar los hechos y hacer recomendaciones.