Los ataques yihadistas en Burkina Faso continúan agravando una crisis que golpea de lleno al sistema educativo, la economía local y la movilidad interna, pese a los esfuerzos de la junta militar que gobierna el país desde 2022. Cientos de escuelas permanecen cerradas, los precios de los productos básicos se han disparado y numerosas carreteras siguen siendo intransitables por la inseguridad.
La violencia yihadista se concentra especialmente en el norte y el este de Burkina Faso, donde grupos armados afines a Al Qaeda en el Sahel atacan de forma recurrente tanto a civiles como al Ejército. El Gobierno militar mantiene un estricto apagón informativo, mientras asegura estar conteniendo la ofensiva terrorista y sus consecuencias sociales, con resultados limitados.
Uno de los sectores más afectados es la educación, objetivo directo de los grupos radicales. En algunas zonas docentes y alumnos han tenido que huir tras amenazas armadas. Según cifras oficiales, a finales de febrero de 2024 más de 5.300 escuelas cerradas dejaron sin clases a más de 818.000 estudiantes, casi la mitad niñas, y a más de 24.000 docentes. Aunque algunas escuelas reabrieron en 2025 gracias a operaciones militares, la crisis educativa persiste.
El impacto económico también es severo. La inflación de productos básicos se ha disparado: el precio del arroz se triplicó y el comercio de ganado quedó prácticamente paralizado. Además, muchas carreteras estratégicas siguen bloqueadas, afectando incluso las rutas hacia Níger.