El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, fue reprobado, y el presidente de La Razón, Mauricio Casals, imputado por mediar para lograr subvenciones ilícitas a la empresa Zed Worldwide
Corren malos tiempos para los hombres de confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha visto, entre otros asuntos, mermada su presencia pública tras perder la portavocía del Gobierno.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, fue reprobado por parte del Congreso por haber beneficiado a los defraudadores con la amnistía fiscal aprobada en 2012 y que ha sido declarada inconstitucional. Montoro, que fue reprobado con 197 votos a favor, 135 en contra y 5 abstenciones -PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, el PDeCAT o Compromís se unieron para votar contra el ministro, y el PNV se abstuvo-, aseguró -pese al mal momento personal, que ese era «acto político más», un «reproche» sin consecuencia práctica que acepta «dentro de las reglas democráticas» y que, por tanto, «la vida sigue». Y no se planteó dimitir.
Por otra parte, el presidente de La Razón, Mauricio Casals, asesor áulico de toda confianza de la vicepresidenta, está siendo investigado por haber mediado en los ministerios de Economía e Industria para que concedieran créditos blandos a la empresa Zed Worldwide.
La tecnológica habría recibido en el año 2011 ayudas de los ministerios de Industria y Economía por valor de casi 16 millones de euros que eran incompatibles entre sí, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción publicada por El Español, siempre bajo el asesoramiento del presidente de La Razón, Mauricio Casals, que prestó su influencia para lograr estas subvenciones públicas para su empresa. A cambio, según este medio, habría cobrado 2,1 millones de euros por los servicios prestados.
El fundador de Zed Pérez Dolset habría manifestado que «todas las labores de obtención de financiación pública para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta» y que era Casals quien tenía «la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas».
La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 100 millones de euros el perjuicio patrimonial que pudo generar el fraude de subvenciones del grupo tecnológico. “En este momento procesal resulta difícil cuantificar con exactitud el perjuicio patrimonial derivado directamente del delito de insolvencia punible, si bien inicialmente se puede afirmar que dicho perjuicio puede superar los 100 millones de euros”, señala la Fiscalía en la querella, que está dirigida contra 19 personas, incluido Casals.
El ministerio público considera que supuestamente “la conducta de los querellados tiene todos los ingredientes de una conducta defraudadora respecto de los accionistas y acreedores de Zed”.
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