«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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Periodista, escritor e historiador. Director y presentador de 'El Gato al Agua' de El Toro TV.
Periodista, escritor e historiador. Director y presentador de 'El Gato al Agua' de El Toro TV.

1 de abril: hacia el final de la indecencia

2 de abril de 2024

El 1 de abril de 1939 terminó la Guerra Civil española. Comenzó un régimen, el de Franco, que se prolongaría durante treinta y seis años y que modificó en profundidad el país. Hoy, ochenta y cinco años después del final de la guerra, rige en España una ley liberticida, impuesta por la izquierda, que limita las libertades de investigación, expresión y cátedra a la hora de enjuiciar aquellos años. Algunas regiones han impulsado proyectos legislativos para revertir esa situación y abrir al libre debate el periodo de la Guerra Civil y el franquismo. En respuesta, ayer, 1 de abril de 2024, el Gobierno ha amenazado con denunciar tales intentos ante el Tribunal Constitucional. Porque, en efecto, en España el Tribunal Constitucional ampara unas limitaciones a las libertades que en rigor son anticonstitucionales.

¿Por qué en España hay una ley que impide el libre debate sobre la II República, la Guerra Civil y el franquismo? Evidentemente, porque se trata de ocultar la realidad; de lo contrario, no haría falta una ley coactiva. Sólo ocultando la realidad puede imponerse la verdad oficial. Esa verdad oficial reza así: el sistema democrático de la II República fue asaltado por un golpe militar de carácter fascista que provocó una Guerra Civil y se saldó con la imposición de una dictadura que aniquiló las libertades previas. Eso es lo que el poder (desde el centroderecha hasta la extrema izquierda) viene pregonando desde hace decenios. Pero casi nada de eso es verdad.

La verdad es que, cuando empezó la Guerra Civil, la II República ya había dejado de ser un sistema democrático. La mayoría que salió de las urnas de febrero de 1936 era ilegítima: se asentó sobre un fraude electoral ya inequívocamente demostrado. De esa mayoría salió un gobierno estrambótico porque el partido mayor, que era el PSOE, renunció a entrar en el ejecutivo y prefirió concentrarse en agitar la calle. Su primera medida fue auto amnistiarse por el golpe revolucionario de 1934, donde la izquierda había intentado acabar violentamente con la II República. Después, la política que ese Gobierno llevó a cabo durante sus escasos meses de ejercicio fue cualquier cosa menos democrática: censura cotidiana de la prensa, persecución encarnizada de la oposición, connivencia con la violencia de las milicias socialistas, anarquistas y comunistas…

Para terminar de completar el paisaje de vulneración de la legalidad, Azaña y parte del PSOE (Indalecio Prieto) tramaron un golpe palaciego que apeó a Alcalá Zamora de la presidencia. El golpe no salió bien porque la idea era poner a Azaña en la presidencia y a Prieto en la jefatura del Gobierno, tal vez con la idea de controlar los acontecimientos, pero otra parte del PSOE, la de Largo Caballero, se opuso y frustró la operación Prieto. ¿Por qué se opuso? Porque esa parte del PSOE, quizá no mayoritaria, pero en todo caso determinante, llevaba años buscando una revolución y lo último que deseaba era verse maniatada por las obligaciones legales del gabinete. En vez de eso, pisó el acelerador de la revolución, las juventudes socialistas se fusionarían con las comunistas y la agrupación socialista de Madrid (la de Largo Caballero) llamaba abiertamente a la revolución bolchevique. La espiral de violencia alcanzó su momento álgido el 13 de julio, cuando personal policial y parapolicial vinculado al Frente Popular —es decir, al Gobierno— tramó el asesinato de los tres líderes principales de la oposición: Gil Robles, Goicoechea y Calvo Sotelo. Sólo hallaron al último, al que sacaron de su casa, lo subieron a un vehículo policial y le descerrajaron dos tiros en la nuca, abandonando su cadáver en un cementerio. Ese día la guerra se hizo irreversible.

El Gobierno del Frente Popular tenía todas las opciones para aplastar la insurrección: el oro del Banco de España, las principales centros financieros y las más importantes áreas industriales, la mayoría de los generales, buena parte de la Armada… Enseguida perdió esa ventaja porque en realidad no había tal gobierno: en la España controlada por el Frente Popular se desató de inmediato una revolución, esa revolución que la izquierda, y notablemente el PSOE, venía alentando desde tres años atrás. Por eso Inglaterra y Francia retiraron su apoyo formal al régimen republicano. Muy rápidamente, la II República propiamente dicha desapareció para dar paso a un escenario nuevo controlado por los comunistas, ya directamente, ya a través de sus peones socialistas, siempre bajo influencia directa de la Unión Soviética. Así en la España del Frente Popular se desató una feroz represión no sólo contra el enemigo (las derechas, los católicos, etc.), sino también contra las izquierdas consideradas disidentes. Cuando el diputado británico McGovern visitó —era 1937— la cárcel modelo de Barcelona, halló que la mayor parte de los presos no eran sublevados, sino comunistas disidentes y anarquistas. El último acto de la guerra en la España del Frente Popular no fue una heroica defensa frente al «fascismo», sino una guerra civil entre facciones de la propia izquierda por las calles de Madrid. Cuando las tropas de Franco entraron en la capital, el 28 de marzo, no hallaron oposición alguna.

¿Esto es lo que está prohibido contar? ¿Esto y que el régimen de Franco, que efectivamente fue una dictadura, pudo llevar a cabo los procesos de modernización social y económica en los que otros, antes, habían fallado? ¿Y de verdad alguien cree que es posible sepultar la historia, vivir en una realidad alternativa —hacer pasar por verdad la ficción—?

En un libro célebre, El fin de la inocencia, Stephen Koch contó la gigantesca operación de falsificación mediante la que el estalinismo, con el concurso de eminentes intelectuales, pudo camuflar la realidad de la Unión Soviética y presentar como jardín de libertad lo que en verdad era un infierno de represión. Tal vez a los intelectuales de aquella época se les pueda presuponer inocencia, pero a los de ahora, no: todos saben cuál fue la realidad de la España de los años treinta. El discurso de mitificación de la II República no es hijo de la inocencia; es hijo de la indecencia. Por eso la ley de «memoria democrática» es indecente. En ese sentido, las leyes que se preparan en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana podrían ser el punto de partida de algo nuevo. El fin de la indecencia. Así sea.

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