Desde que el médico Alejandro Giammattei asumió la presidencia de Guatemala en enero del 2019, solo una cosa ha sido constante: Su caída estrepitosa en el nivel de aprobación. El descontento llegó a que el 21 de noviembre le prendieran fuego a parte del Congreso y que su propio vicepresidente Guillermo Castillo, le recomendara dimitir en conjunto.
La aprobación en el Congreso con la bendición del Ejecutivo, del presupuesto más alto de la historia de Guatemala (12.800 millones de dólares), el cual no contemplaba destinos como la educación, salud o la desnutrición y en cambio beneficiaba temas de seguridad nacional y al sector de infraestructura, fue solo la gota que derramó el vaso.
Según la Cepal, aproximadamente el 59% de los guatemaltecos son pobres y de acuerdo con datos del informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018, de las agencias de Naciones Unidas, FAO, UNICEF, OPS y WFP, la mitad de los niños en este país están desnutridos. Si esta situación no perturba lo suficiente el sueño del Presidente, como para impulsar un presupuesto coherente, entonces no debería estar ahí.
Giammattei estaba tan entusiasmado con la propuesta inicial que, ante la oposición de los distintos sectores, le habría pedido a su principal aliado, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que le ahorrara el tan difícil momento de elegir entre vetar o aprobar la Ley. Por lo que le pidió que fueran ellos, los diputados, quienes la anularan y archivaran.
Ahora le toca al mandatario proponer un nuevo presupuesto, pero los guatemaltecos lo quieren fuera del poder. Esto ha sido así desde hace varios meses.
Según la consultora Mytofsky, comenzando su mandato contaba con 56% de aprobación, para julio había caído al 30%, en especial por su mal manejo de la pandemia.
Analizar la reacción de indignación del pueblo guatemalteco, requiere hacerlo también comprendiendo el trauma colectivo ante una política plagada de corrupción.
Hace tan solo cinco años el expresidente Otto Pérez Molina, hoy en prisión preventiva, renunció tras ser acusado de corrupción. Tras su salida llegó al poder el actor Jimmy Morales, con una política de cambio pero que terminó igualmente cuestionado por presunta corrupción y por la disolución de un ente referente en la lucha contra la corrupción, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Giammattei fue visto como una nueva oportunidad, pero en tan solo unos meses ya era cuestionado por hechos como la mala distribución de las ayudas sociales para paliar la crisis por el COVID-19.
Se sospecha que un 43% del presupuesto para subsidios terminó en manos de personas que ocupan puestos en el gobierno, pensionadas o fallecidas.
También se le ha criticado por crear el Centro de Gobierno integrado por representantes suyos, que estarían en cada ministerio para articular sus mensajes, un rol que ya le corresponde al ministro de la Presidencia.
Y no es que un mandatario deba dimitir ante cualquier manifestación de oposición, en absoluto. Eso solo debilitaría el sistema. Sin embargo, en esta ocasión, los motivos provocan cuestionamientos sobre las prioridades de Giammattei. ¿Por qué le interesa más beneficiar al sector de infraestructura, por citar uno de los ejemplos, que garantizar la comida de los guatemaltecos?
Para agravar el escenario, después de las manifestaciones del 21 de noviembre, en su mayoría pacíficas, el Ministerio Público está llamado a investigar a 25 agentes de la Policía Nacional Civil por supuestos delitos como abuso de autoridad, falso testimonio, e incumplimiento de deberes. La policía debe también presentar informes a la Corte de Constitucionalidad y Procuraduría de Derechos Humanos por su forma de actuar durante las protestas.
Irónicamente entendiendo que los abusos no habrían ocurrido si no son de alguna forma consentidos por el gobierno, Giammattei pega un grito de auxilio invocando la “Carta Democrática Interamericana” y en respuesta, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó para obtener información de los diferentes entes del Estado. Por cierto, el líder de esta misión, Fulvio Pompeo, habría estado involucrado en la compra fallida de aviones por parte de Guatemala a Argentina en el año 2019. El vicepresidente Castillo, no apoyó reunirse con la misión, como parte de una serie de discrepancias que ha mantenido con el mandatario.
Difícil aceptar la idea de salir de una presidencia con solo diez meses en el poder, tan difícil como aceptar que alguien arruine tanto su credibilidad en ese mismo periodo.
Ahora la propuesta de su vicepresidente Guillermo Castillo de “oxigenar” a la nación, renunciar ellos y todos los que no hayan hecho bien su trabajo puede ser lo más decente que puedan hacer por la nación. ¿O acaso queda alguien que crea, más allá de los que aparentan hacerlo en el Ejecutivo y el Congreso, que Giammattei se desvela por la mitad guatemaltecos que tienen hambre?
