Durante el primer mandato socialista de la actual democracia coronada se emitió el programa Si yo fuera presidente. Su conductor era Fernando García Tola, que ya atesoraba una amplia experiencia como entrevistador desde 1975, cuando presentó 2 por 2 flanqueado por Isabel Tenaille y por una Mercedes Milá pre Umbral y pre Gran Hermano. La voz grave de Tola se filtraba a través del humo del tabaco que envolvía a los entrevistados. En plena efervescencia ochentera, Tola seducía y provocaba. Dominaba un desorden probablemente más calculado de lo que parecía pues ninguna escaleta es inocente.
Me vino a la mente aquel programa después de escuchar el último desahogo de Óscar Puente a propósito del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sostiene que la Ley de Amnistía se ajusta al derecho comunitario y no choca ni con los intereses económicos de la UE ni con la directiva en materia de terrorismo. Conviene añadir, como dato, que Koan Lenaerts, presidente de ese tribunal, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2025. Pero regresemos a Puente.
En una entrevista concedida la semana pasada a Radio Nacional de España, el Ministro de Transportes no se ha anduvo por las ramas y dijo «si yo fuera el señor Puigdemont yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda». Después añadió: «Y que me detengan y que me lleven a prisión». En este último caso, Puente no hizo más que recordar lo dicho por su jefe en 2019, cuando se comprometió a traer de vuelta a Puigdemont para «rendir cuentas ante la Justicia». Cuatro años después, la necesidad de los 7 votos del fugado le hicieron cambiar de opinión. Después llegó la Ley de Amnistía, de cuya redacción se han jactado algunos de esos facciosos a los que con tanto mimo se dirige Sánchez siempre que tiene ocasión.
Las palabras del bronco Puente no tienen nada de sorprendente. Al cabo, cumple el papel asignado, el de tratar de erosionar al poder judicial bajo el argumento de que nunca se debió permitir la judicialización del así llamado procés, es decir, del proceso de golpe de Estado que alcanzó su punto crítico en 2017, pues esa crisis debió solucionarla la política. La crítica a tan interesada interpretación cae por su propio peso: el judicial es uno de los clásicos poderes políticos. Uno de ellos, pues hay otros como el que ostenta la llamada sociedad civil, esa que, bien subvencionada, sacó masas de ciudadanos a las calles para crear el ambiente propicio para la proclamación republicana a la que la porra de un mozo de escuadra añadió un moratón y una dosis de lucidez.
Puente jalea a Puigdemont. Le anima a darse algo más que el garbeo que protagonizó hace dos años en Barcelona. El objetivo es claro: presentar a un sector de los jueces españoles como a unos fachas irredentos, como unos corruptos que juzgan en función de sus prejuicios e ideología, en lugar de hacerlo basándose en pruebas. Y lo cierto es que su mensaje cala donde interesa: en ese público hipnotizado por la palabra diálogo que, en el caso del PSOE y los secesionistas, significa cesión, desigualdad, sedición. Robo, de consumarse, de parte de lo común: el territorio.
«Si yo fuera Puigdemont», dice Puente, calificando de «señor» al fugado al que corteja sin rubor. Sin embargo, si él fuera Puigdemont, tendría de Puente una consideración similar a la que publicó Torra de los españoles, vallisoletanos incluidos: «bestias con forma -acaso simiesca, añadimos- humana».
