Son las diez de la mañana del martes 19 de noviembre, y el Gobierno no ha presentado aún la reforma de la Ley del Aborto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya ha gastado el significado de la palabra inminente de tanto usarla. La primera vez cuando tomó posesión de la cartera, va para dos años; la segunda el pasado verano cuando nos emplazó para octubre a los demócratas defensores de la vida –es decir, a los demócratas–; la tercera ahora, justo después de la enésima manifa provida. Su concepto de lo inminente parece elástico. ¿Se refiere al próximo Consejo de Ministros? ¿o al final de curso, del periodo de sesiones como dio a entender ayer?
Aun en el caso de que a la tortuga –tortuga para lo que le interesa– le dé taquicardia por aprobar el proyecto de reforma en el Consejo de Ministros de este viernes o los de antes de Navidad, seguiría luego el largo trámite Congreso-Senado-Congreso, de modo y manera que nos vamos prácticamente al final del curso parlamentario, primavera de 2014. Con que inminente…
La velocidad no es una fruslería porque no estamos hablando de un proyecto de regadío, sino de un asunto de vida o muerte… literalmente. Y mientras al minutero del PP le salen telarañas en su exasperante recorrido por la esfera del reloj, sigue vigente la Ley Aído, y se siguen destruyendo vidas, a razón de unas 300 diarias. Si desde que llegaron a la Moncloa, prometiendo poner freno a la sangría, la máquina de triturar fetos se ha cepillado a 240.000 vidas en el seno materno, echen ustedes la cuenta: de aquí a final de curso pueden caer otras 120.000 más. Vidas, seres humanos. Derechos fundamentales.
“Es un tema complejo –dice Gallardón– pero está extraordinariamente avanzado”. ¿Extraordinariamente avanzado? De momento lo único que está extraordinariamente avanzado es esa especie de plan quinquenal para exterminar a españolitos en el lugar (teóricamente) más seguro del mundo. Y lo peor no es eso, lo peor es que el nuevo holocausto está bendecido legalmente por una ley, la de Aído, que convierte, de facto, el aborto en un derecho.
Los votantes de Mariano Rajoy le ayudaron a llegar a la Moncloa no sólo para poner orden en el guirigay económico y sacar a España del agujero, sino también para que acabara con una ley de corte totalitario que vulneraba el Estado de derecho. Una ley que chirría en toda democracia que se precie, donde está erradicada por definición la pena de muerte. Pero los peperos sólo se pusieron las pilas con la salida de la crisis sin que hayamos visto otra cosa que unos brotes verdes, todavía inalcanzables para el exhausto ciudadano medio. Para lo más urgente –vidas humanas– no tienen prisa, se les ha parado el reloj. Cambiaron la defensa de los derechos y libertades fundamentales por la economía. La vida por la Bolsa.
