Hacer más con menos y evitar duplicidades competenciales son los dos principios básicos que presuntamente guían la reforma de la Administración planteada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En teoría, un buen punto de partida al que habría que añadir un tercer principio: no gastar ni un euro más de lo que se ingresa. No vale decir que el problema no es de gastar mucho sino de ingresar poco. Lo que no se puede hacer es gastar más de lo que se ingresa. A este enfermo que es España le sobra mucha grasa y hay que meterle el bisturí con decisión.
Por eso, la comparecencia de ayer de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, resultó desilusionante. Santamaría aseguró que la Administración General del Estado está ahorrando ya 44 millones de euros con las primeras medidas que ha tomado de racionalización de alquileres de edificios y que ha logrado unos ingresos además de 105 millones con la enajenación de inmuebles. Ése es, según dijo, el resultado de aplicar la primera parte del plan de actuación sobre gestión de los inmuebles, que seguirá avanzando. Además, alabó el esfuerzo de las Comunidades autónomas, que han eliminado ya 554 entidades públicas de las 734 previstas, tres de ellas han suprimido sus tribunales de defensa de la competencia, otras cinco han extinguido sus defensores del pueblo,…. En suma: el chocolate del loro.
Hace tiempo que se tenía que haber abordado una reforma radical de las Administraciones en sus tres niveles porque su sobredimensionamiento es la causa de todos nuestros males. Por tanto, si no se ataja el gasto público y no se reforma el Estado de las Autonomías será poco menos que imposible la recuperación necesaria y sostenible para acabar con el drama del paro. Que España siga contando hoy prácticamente con los mismos empleados públicos que al comienzo de la crisis es una señal de irresponsabilidad política. Los números cantan: tres millones de empleados con una masa salarial de 90.000 millones, que fue precisamente el desfase presupuestario español en 2012.
Los ahorros en alquileres presentados ayer por la vicepresidenta son una broma de mal gusto. Lo que España necesita es acometer una profunda reforma de la estructura estatal y, por ende, de la función pública. Someter el elefantiásico Estado español a una severa cura de adelgazamiento y hacerlo más dinámico, eficiente y flexible, porque si en las épocas de prosperidad no tenía ningún sentido que se despilfarraran los recursos, en tiempos de crisis resulta suicida mantener unas estructuras tan costosas como ineficaces, por lo que la reforma del Estado autonómico es hoy más necesaria e imprescindible que nunca.
