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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El aforamiento y la judicatura

21 de julio de 2014

En principio, no parece que la figura del aforamiento fuera necesaria como mecanismo de protección para determinadas personas que de una u otra forma ejercen funciones públicas. Sin embargo, tras algunas sentencias que hemos visto últimamente, tiene todo el sentido. La judicatura debería esforzarse por ser objetiva. Lo que no excluye interpretaciones razonables, en función de los principios generales del derecho que rigen en nuestra sociedad, a la hora de aplicar la ley, pero sin salirse de los límites convencionales que establece como criterio el “Estado de Derecho”.  Toda interpretación creativa que pretenda alterar el equilibrio de fuerzas al margen del derecho positivo, la costumbre y la jurisprudencia  vigente, debe tramitarse a través de los cauces adecuados, que son los poderes propios del legislativo y no del judicial. La ideología o las convicciones políticas de los jueces en ningún momento deben influir en alterar las consecuencias de la aplicación de la ley.

Es cuestión espinosa el determinar los límites de la discrecionalidad judicial. Sin embargo, por puro sentido común se puede llegar a un compromiso razonable. Lo que no tiene sentido es que un letrado le explique a su cliente que una sentencia puede depender del juez “que nos toque”… Creo que el sistema de oposiciones, tradicional español, en el que prácticamente todo se fía a alguien capaz de memorizarse cuatrocientos temas de memoria, tiene inconvenientes insoslayables que convendría modificar. ¿Quién no se ha tropezado en alguna ocasión con un joven que tras encerrase monásticamente -con las consecuencias psicológicas que tal reclusión acarrea- ha obtenido un puesto en la judicatura? Quizá debiera exigirse para ejercer la magistratura una mayor experiencia, en años y trayectoria profesional, así como en cada vez más casos una mayor especialización.

El derecho como tal nace precisamente para resolver conflictos, no crearlos. Mientras existan jueces cuyos criterios extrajurídicos condicionen sus sentencias, los servidores públicos tienen todo el derecho del mundo a exigir no un privilegio, sino protección frente a determinados magistrados que buscan más el imponer su ideología y acentuar su afán de protagonismo que dictar sentencias ajustadas a una ley y unos principios generales que son comunes a toda la tradición jurídica española y europea.

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