Amanece el jueves, día de San Jorge, con el pacto cerrado en Aragón. Más prioridad nacional. Las emisoras y televisiones del régimen saludan el acuerdo citando las leyes raciales de Núremberg. La sangre. El Reich. Adiós a los matrimonios mixtos. En COPE dicen que Vox y el nacionalismo catalán son lo mismo, aunque por algún motivo nunca recuerdan que Aznar entregó las aulas —o sea, el alma de la juventud— a Jordi Pujol. El periodismo asustaviejas en máxima ebullición.
Cada uno defiende lo suyo y el tertuliano, aunque hable en TVE, no se debe al pueblo español, sino a quien le ha puesto ante un micrófono para justificar la invasión. Inchaurrondo cuela el rótulo «Prioridad Nazi-onal». Mejor el colombiano o el marroquí que acaban de llegar que el español que le paga el sueldo. El de Almendralejo o Teruel, a agachar la cabeza. Es un discurso antipopular, insostenible en cualquier conversación a pie de calle. ¿Quién pondría por delante a los hijos de otro antes que a los suyos?
Los nervios afloran porque está en juego la hegemonía bipartidista y su adiposo cinturón mediático quiere convencer al españolito de que el sentido común es algo vergonzoso. Leemos y escuchamos atónitos invocar los derechos humanos cuando piden más inmigración, pero sabemos que no creen en lo que dicen y mienten con el mismo desparpajo que Ana Pastor cuando Marine Le Pen le pregunta si acoge a africanos en su casa. Oui, contesta. Open Arms Ferreras.
Los grandes medios de comunicación, convertidos en la correa de transmisión del poder, rechazan los acuerdos en Extremadura y Aragón aludiendo a la Constitución, que a estas alturas es el comodín con que las élites disparan contra el pueblo. La bancada azul, avergonzadita, defiende los pactos con el mismo argumento que sus detractores: los ampara la Carta Magna. Un profesor en la facultad de Periodismo nos explicó que constitucional es lo que diga el Tribunal Constitucional. Y nada más. Así que ETA y la amnistía lo son, señores constitucionalistas. Por eso sobran tantos aspavientos, que hace dos telediarios estaban repartiéndose a los jueces del CGPJ con Bolaños y un poco antes colocaron a Conde-Pumpido como presidente del TC. Ahora, a disfrutar del consenso.
El acuerdo también ha hecho pupa porque cierra el grifo a todas las organizaciones que colaboran en la promoción y negocio de la inmigración ilegal. Cruz Roja o Cáritas, entre otras, no verán un duro. Tampoco entrarán más menas. Habrá prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones. Es muy probable que veamos al padre Ángel de gira en los platós en los próximos días y conexiones en directo desde sus comedores. La baza católica, bien pastoreada, da sus frutos para que todo siga igual.
De momento, el obispo de Canarias acapara los focos. Propone meter a mucha gente en un cayuco cinco días sin comer para que sepan lo que viven los migrantes. La otra cara de la misma moneda es Garamendi, que apoya la regularización masiva porque «muchos restaurantes no pueden servir de una forma adecuada». Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo, hoy van todos de la mano.
Conviene sacar algunas conclusiones. Que Vox haya acaparado la centralidad del debate público es un hecho incontestable. Antes lo hizo con la inmigración y la vivienda, ahora con la prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas. Esta semana nadie se acuerda de la guerra de Irán ni de Orban, así que convendría ir llamando a cualquiera de los socios del club de los purgados (así los bautiza La Razón) y ofrecerle una doble página para hablar de lo que realmente importa en la calle: un congreso extraordinario.
El contexto también tiene su importancia. Los pactos se cierran la semana en que la Generalidad catalana anuncia que desplegará policías de paisano en los institutos para reducir la conflictividad y el PSC propone prohibir el burka en Lérida. En Cataluña ya nacen más bebés de extranjeros que de españoles. En el resto de España la población autóctona ha disminuido en 750.000 personas desde 2020 y en su lugar han entrado tres millones de inmigrantes. Con esta realidad no proteger a los de casa equivale al suicidio colectivo.
Claro que el Gobierno tiene su interpretación. Cada día mueren casi mil votantes del bipartidismo. La biología hace su trabajo y el PSOE también, que reacciona en tres pasos: regularización, nacionalización y derecho a voto. Sustituye a un pueblo por otro.
Frente a eso se revuelve Vox, al que habían otorgado un papel secundario de matón del instituto, recluido en la caricatura del facha con tirantes de una marginalidad casi torrentiana. Por eso su giro social ha descolocado a tantos. Al problema del colapso o la inseguridad derivados de la inmigración masiva, Vox introduce otros dos elementos esenciales al debate: la legitimidad y la identidad. Si es legítimo que reciba antes las ayudas quien lleva menos tiempo en España y, por tanto, apenas ha contribuido a levantar los servicios públicos. La respuesta es no y tiene que ver con la continuidad histórica de la nación, o sea, con la identidad.
