El proceso de El Escorial ha pasado a la historia como la conspiración –fallida– protagonizada por Fernando VII junto con sus partidarios para derrocar a Manuel Godoy y de paso ocupar él el trono a costa de su padre, cosa que muy estética no queda. En su nuevo libro, “Yo, el Difamado” (La Esfera de los Libros), Luis del Pino aporta una versión radicalmente diferente de este episodio histórico, y lo hace basándose en documentación de archivos franceses y españoles que hasta ahora no se conocían o simplemente no se habían tenido en cuenta.
Explica el autor de forma perfectamente detallada y documentada que la llamada Causa de El Escorial fue un proceso construido sobre flagrantes –fragantes habría dicho Yolanda Díaz–, mentiras por el infame Godoy contra Fernando VII, con el muy humano objetivo de quitarse de encima a aquel que ponía en peligro sus aspiraciones a un reinado en los Algarves o donde fuera que a Napoleón le hubiese parecido bien. Lo que hoy la izquierda española llamaría un lawfare de libro.
Aclaro que este artículo no es una reseña del libro “Yo, el Difamado”, del que daremos cuenta muy pronto con el propio autor en este medio, pero los acontecimientos de los últimos tiempos en España sí me han hecho reflexionar acerca de este capítulo de nuestra historia que nos recuerda que no hay nada nuevo bajo el sol.
Después de construir contra Fernando VII el caso de la conspiración valiéndose de anónimos y confidentes más que dudosos, llegó el momento crucial de nombrar jueces y fiscales adecuados para garantizar el éxito de la empresa. Godoy pudo escoger como fiscal a uno de sus protegidos que pidió las penas máximas para los acusados. Luego la lucha llegó con el nombramiento de los jueces. ¡Caramba qué coincidencia!, que hubieran dicho Les Luthiers. ¿No les suena de nada todo esto?
Lo cierto es que cuanto más leo de Godoy, más me recuerda a Sánchez. No puedo evitar pensar que el príncipe de la Paz habría sido un perfecto fundador del PSOE.
Lo curioso es que en el mundo del siglo XIX, con una monarquía absoluta, siendo el valido del rey y con todos los recursos del estado a su favor, que no eran pocos para una persona sin escrúpulos, Manuel Godoy perdió. Todos los acusados de haber participado en la supuesta conspiración fueron absueltos. ¡Todos! ¿Dónde estuvo el fallo? En que Godoy, si bien pudo meter mano con el fiscal, no pudo hacerlo en la elección de los jueces.
Es especialmente interesante conocer cómo votaron los jueces la sentencia. Uno de ellos había caído enfermo pocos días antes –tanto que murió al poco tiempo en el monasterio–, pero se empeñó, en contra de los dictados del médico, en cumplir con su deber como juez y participar en la deliberación y votación final. Así pues, esos once hombres encerrados en la minúscula habitación donde se alojaba el enfermo, votaron en conciencia de acuerdo a las pruebas de las que disponían y a la ley. Carlos IV reaccionó con tal ira que desterró a todos, y al polémico confidente lo encerró en una cárcel ceutí, pero no cabe duda de que los jueces hicieron justicia de acuerdo a la ley.
Volviendo a estos tiempos convulsos, y a la luz de esta lectura, me siento esperanzada por primera vez desde hace tiempo. En España seguimos teniendo jueces y fiscales que no doblan la rodilla ante la apisonadora sanchista, como no lo hicieron aquellos once jueces en 1808 en una situación más adversa.
Todavía hay muchos Llarenas, Peinados, Lastras y cientos de jueces y fiscales anónimos que cada día trabajan para que la ley se cumpla en toda España. No está todo perdido. De todos ellos no tengo el más mínimo interés en saber si son progresistas, conservadores o del Real Madrid. Es gracias a ellos, a los profesionales honrados, que los hay y muchos, que podemos decir que todavía hay jueces en Berlín.
En este momento crucial para España es imprescindible que Feijóo se niegue a pactar otro cambio de cromos. Millones de españoles ya no entenderían otra maniobra como la que colocó a Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional gracias a los dos grandes partidos y que ha profundizado en la perversión de las instituciones hasta un grado insoportable.
Pero no son sólo los políticos los que deben promover un cambio en la legislación de 1985, somos todos nosotros los que debemos exigir una judicatura independiente y profesional ajena a veleidades ideológicas. Es hora de que los políticos aparten sus sucias manos de la administración de justicia y de que la sociedad civil se comporte de forma madura.
