Los españoles llevamos tantos años viendo aumentarse la basura a nuestro alrededor que ya no nos asquea ni nos llama la atención. Por eso convivimos con ella sin sobresaltarnos y sin ni siquiera provocarnos una sola náusea. Y si, además, de ella logramos recoger un poco de estiércol para abonar alguna de nuestras flores que nacen en nuestros tiestos, incluso llegamos a agradecer la existencia de esa basura. Hemos llegado a tal punto de saturación que, por mucha que veamos cerca de nosotros, es igual que si oyéramos llover.
Ya comenté en algún artículo anterior que fue, precisamente, la basura el motivo principal del inicio de la corrupción que se fue haciendo galopante en España. Tras las elecciones municipales de abril de 1979, la conjunción socialcomunista se hizo con el poder en bastantes Ayuntamientos importantes de España, entre ellos el de Madrid. El primer Teniente de Alcalde del mismo, el socialista Alonso Puerta, denunció los contratos de recogida de basuras que hacía ese Ayuntamiento para, entre otras cosas, quedarse con parte del presupuesto dedicado a ese fin en beneficio del partido socialista. Los contratos y la “mordida” se mantuvieron. Alonso Puerta fue expulsado del PSOE.
A partir de entonces la corrupción se fue generalizando de tal modo que llegó a las Instituciones, a los partidos políticos, agentes sociales, la Judicatura, etc. Y, naturalmente, en el régimen socialista andaluz esa corrupción ha ido en aumento habida cuenta que el PSOE gobierna allí desde hace más de 30 años. Ahora en unión de los comunistas.
Los diferentes escándalos de corrupción que hoy podemos agrupar allí con el nombre genérico de los famosos ERE (expedientes de regulación de empleo), se deben principalmente –según la juez Mercedes Alaya– al robo manifiesto que los agentes sociales (sobre todo los sindicatos) han hecho, supuestamente, de los fondos que la Junta de Andalucía, el Gobierno español y la Unión Europea les proporcionaban para dar cursos de formación a los parados andaluces con objeto de proporcionarles una formación adecuada para encontrar empleo. Pero, además, esa trama de corrupción, al parecer, se urdió desde la propia Junta andaluza para beneficiarse de esos fondos unos cuantos políticos y sindicalistas socialistas, amantes y protectores de los descamisados de la clase obrera, de los parados, pero enriqueciéndose a su costa.
Sin embargo, es lo cierto que lo de los famosos cursos de formación que se han repartido por toda España la Patronal y los sindicatos, no han dejado de ser en numerosas ocasiones motivo de escándalo de corrupción que han seguido expandiendo la basura a nuestro alrededor con mayor o menos virulencia, aunque ésta ha alcanzado un grado máximo en Andalucía.
Cursos de formación: ¿Qué clase de formación? ¿Con qué garantías? ¿Quiénes los supervisan? ¿Cuál es la calidad de esa formación? ¿Quiénes son los “maestros” que los imparten? ¿Quién ha garantizado su cualificación como tales? ¿De dónde proceden los fondos para su realización? ¿Qué órganos de la Administración controlan el buen fin de dichos fondos? ¿Cuál es la calidad de la enseñanza de esos cursos? ¿Los aprueban todos los que asisten a los mismos?…
Éstas y otras muchas preguntas son las que debieran haberse hecho los responsables del Gobierno y de las Autonomías antes de programar y entregar los grandes fondos económicos para la realización de tales cursos, la inmensa mayoría de ellos manejados por los agentes sociales, principales receptores de los mismos con la consiguiente y grave responsabilidad de hacerlos para beneficio de las clases sociales más bajas y necesitadas y su exclusivo beneficio. Por desgracia, no ha sucedido así. Los más “listos” son los que se han quedado con el grueso de dichos fondos, se han enriquecido con las desgracias ajenas y, además, se atreven a dar clases de ética y de moral pública cuando ya más de 200 personas han sido imputadas y acusadas de gravísimos delitos en Andalucía.
Llegados a este punto no puedo evitar recordar otros tiempos en los que los cursos de formación y especialidades se impartían en España a marchas forzadas para que nuestro país se convirtiera en la novena potencia industrial del mundo. La gran emigración de millones de españoles desde el campo a las grandes ciudades para asegurarse un futuro mejor, a lo largo de las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, obligó al Estado a preparar a esa masa de personas por medio de unos centros estatales estables que garantizaban al 100% la preparación en las especialidades que más se demandaban en aquellos tiempos.
En definitiva, hubo previsión de futuro. Esa previsión honrada se fue haciendo realidad con la construcción de las famosas “Universidades Laborales”, centros en donde la formación profesional era rigurosa y selectiva. Tanto que las grandes empresas hacían cola para asegurarse la contratación de los jóvenes trabajadores antes de que terminaran su último curso en ellas. Y, al ser centros oficiales no manejados ni manipulados por nadie, no existió nunca el vergonzoso espectáculo de la corrupción de grandes fondos públicos como los que hoy se evaporan para pasar a los bolsillos de los que dicen ser los únicos y legitimados agentes para realizarlos.
Aquellos obreros, muy cualificados y excelentemente preparados, tenían garantizado el trabajo. Lo mismo que los que no habían pasado por aquellas Universidades. Hasta el punto de que, para bien o para mal, el obrero en aquellas décadas se sentía tan sumamente protegido que se creía dueño de su puesto de trabajo. Quizás porque los Tribunales Laborales, cuando surgía cualquier conflicto entre algunos de ellos y su empresa, en el 95% de los casos sentenciaban a favor del obrero.
Las Universidades Laborales fueron en España los más importantes centros de formación –pero de verdad- de la clase trabajadora que no deseaba estudiar en la Universidad y fueron puestas muchas veces como ejemplo de eficacia en el extranjero. Junto a ellas, los Ejércitos contribuyeron también de forma decisiva a la formación de la Tropa que hacía el Servicio Militar. Los Cursos de Formación FPO, así como la Escuela de Formación Profesional del Ejército (después Instituto Politécnico del Ejército) y los de la Armada y el Ejército del Aire, formaron a miles de jóvenes que pudieron encontrar un trabajo digno y bien remunerado.
¿Y quién fue el impulsor decisivo de esta formación profesional en las extraordinarias Universidades Laborales de Gijón, Valencia, Tarragona, Sevilla, Toledo, la “Paloma” en Madrid, etc., así como de la seguridad del trabajo indefinido en las empresas durante aquellos años? Un falangista, un redomado “fascista” –según toda la izquierda y progresía española- llamado José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo, al que se le ocurrió la barbaridad de declarar que la verdadera nobleza española no radicaba en quienes ostentaban títulos nobiliarios, sino que esa nobleza había sido relevada por la “aristocracia del trabajo”, esto es, por los trabajadores bien preparados técnicamente que estaban llevando a España en volandas para ser un país desarrollado.
Lo que acabo de narrar forma parte de la Historia más reciente de España. Pero, llegada la democracia, había que terminar con todo lo que estuviera contaminado por el supuesto fascismo procedente del franquismo. Y ha terminado por ocurrir lo que cíclicamente sucede en nuestro país. Clausuradas todas las instituciones y entidades que funcionaban correctamente, que habían adquirido una extraordinaria experiencia en la formación del trabajador especializándolo, otros, los listos del lugar, se hicieron con las riendas de esa formación. ¿Para qué? Para “administrar” las grandes sumas económicas que, procedentes de Europa, el Gobierno, las Autonomías y algunos Ayuntamientos, tenían por finalidad formar, sobre todo, a los parados, a sus amados trabajadores, pero para robarles lo que les pertenecía.
Ésta es la diferencia esencial de alguien que, como el que suscribe, ha tenido la oportunidad de vivir estas dos épocas tan distintas, tan diametralmente opuestas, en especial en lo referido a la formación del trabajador. Entonces se le formaba en la especialidad en la que él podía desarrollar sus máximas capacidades. Hoy se le entretiene y se le roba en muchos lugares lo que legítimamente le corresponde para formarle.
Por eso, la formación profesional no ha existido realmente en España en estos últimos 35 años. Por eso, sólo había mano de obra barata dedicada al “ladrillo”. Por eso, con esta crisis brutal hemos llegado a superar el 26% de paro. Por eso, a España le cuesta tanto esfuerzo salir del agujero. Y, así, nuestro modelo productivo está estancado y no prospera tecnológicamente. Pues nada, nada; que los agentes sociales sigan haciéndose cargo de una materia que no les corresponde y de la que, además, si pueden, se enriquecen. Y que siga la juerga y nos siga ahogando la basura de los cursos que no sirven para nada.
