Ayer fue un día de muchas novedades en la investigación que la juez Mercedes Alaya lleva a cabo sobre el colosal fraude de los ERE andaluces. Por una parte, prestó declaración la ex ministra de Fomento de Rodríguez Zapatero Magdalena Álvarez, por sus responsabilidades cuando fue consejera de Economía de la Junta de Andalucía. Por otra, la juez ha imputado a otra veintena larga de personas (ya suman 45 los imputados), algunos con responsabilidades político-administrativas en instituciones sevillanas, ha ordenado nueve detenciones y registros en varias ciudades andaluzas, además de Segovia, Madrid y Barcelona.
Aunque siempre cabe la posibilidad de que las defensas traten de recurrir la competencia de la juez Alaya en beneficio del interés de sus patrocinados, no parece que la instructora deba por ahora, a pesar de haber ordenado registros y detenciones fuera de su jurisdicción, trasladar el caso a la Audiencia Nacional, que es la competente en todo el territorio nacional para los casos de delitos económicos que comprenden varias comunidades autónomas. Nos falta información indispensable para formar juicio sobre si las providencias dictadas son necesariamente determinantes de la competencia judicial en este caso; pero la juez Alaya da todas las muestras de querer continuar con su investigación, y hay que presuponerle conocimiento sobrado de cuándo debería perder la competencia.
Esta segunda fase refuerza la impresión de que nos encontramos ante el caso de corrupción más grave, grande, complejo y de mayor monto de toda nuestra democracia: grave, porque tarde o temprano la juez Alaya acabará enviando las actuaciones al Tribunal Supremo, cuando la investigación le lleve a determinar con nombres y apellidos a los aforados; grande, porque sus ramificaciones se extienden por toda Andalucía, salpican a decenas de implicados y el fraude corrupto se ha prolongado a lo largo de toda una década; complejo, porque cada vez son más patentes las operaciones de ingeniería administrativa y financiera para hacer opacas las operaciones de favoritismo, clientelismo y enriquecimiento ilícito; y sin duda es el de mayor monto económico, a gran distancia del siguiente aunque sería cosa de nada si hubiera que juzgar por la atención que determinados medios de la izquierda le han prestado y aún hoy le prestan.
En cuanto a la declaración de Magdalena Álvarez, la primera pista que tendremos sobre si ha convencido a la juez no la tendremos por lo que declaró a la salida, sino por la decisión que tome la instructora. Si se le levanta la imputación, estará justificado el optimismo de la ex ministra; en caso contrario, tendrá que mejorar sus dotes persuasivas.
