A estas alturas de la historia nadie en su sano juicio y con un mínimo de consciencia jurídica y política puede discutir que España, como Estado democrático de Derecho en el sentido clásico del término, es un estado fallido. Y lo es porque Sánchez y el PSOE, con tal de mantenerse en el poder y seguir expoliando a millones de españoles, esa «España que madruga y trabaja», ha decidido rendir la Nación al separatismo y a intereses foráneos, algunos públicos y conocidos, otros aún ocultos.
Sánchez y el PSOE, con tal de mantenerse en el poder, indultaron ilegalmente —sin petición de los indultados, sin arrepentimiento y contra la Ley— a los golpistas del 1 de octubre; con tal de mantenerse en el Poder aceptaron el chantaje del cobarde y fugado Puigdemont por esos siete diputados secesionistas que le votaron la investidura en un pacto ignominioso rubricado en un sórdido hotel de Bruselas, mediador extranjero delante; ciudad donde también PSOE y PP rubricaron, con la «mediación» de un comisario extranjero, el asalto al CGPJ.
El Estado, bien entendido, no es más que un aparato burocrático al servicio de la comunidad nacional que le da vida y lo sustenta. España, dice el artículo 1 de la Constitución, se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. España, como sujeto político previo. En consecuencia, el fin único y exclusivo del Estado es asegurar, con todos los medios a su alcance —y a tal fin, la estructura administrativa, policial, militar, tributaria—, la protección y conservación de la Nación, su integridad territorial, su identidad y su Derecho, que es justicia y equidad; así como de la vida, la propiedad, la seguridad y libertad de los españoles.
España, como sujeto político, es también un sujeto de Derecho internacional, que aparece como patria o patrimonio de destino dentro de la necesaria comunidad de los pueblos. Los límites y fronteras de la Nación son la linde y marca de la comunidad nacional, de sus derechos y garantía de su igualdad.
Conocemos hoy que el Gobierno de Sánchez, en esa infamante negociación «bilateral» con los separatistas de Puigdemont, por mantenerse en el poder y seguir trincando, ha pactado ceder al gobierno regional de la Generalidad de Cataluña las competencias completas en materia de inmigración. Y lo va a ejecutar, de nuevo, acudiendo al fraude de ley constitucional de presentar una Proposición de Ley Orgánica de transferencia de competencias conjunta de PSOE y Junts, en lugar de elaborar un anteproyecto de Ley Orgánica a través del Gobierno.
¿Por qué es un fraude de ley? Acto en fraude de ley es aquel realizado al amparo del texto de una norma que persiga un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él. En este caso, amparándose en que los grupos parlamentarios pueden presentar proposiciones de Ley, se busca eludir fraudulentamente todos los resortes, controles y garantías que nuestro ordenamiento jurídico durante años tiene establecidos para asegurar, precisamente, la protección de los superiores intereses de la Nación.
Si el Gobierno presentase un anteproyecto, serían preceptivos informes de los Ministerios afectados, de la Abogacía del Estado, de Hacienda —ya que el traspaso de competencias inconstitucional va a suponer el traslado forzoso de cientos de funcionarios civiles, policía nacional o guardia civil o su traspaso a la Generalidad de Cataluña—, del Consejo de Policía, del Consejo de la Guardia Civil y por supuesto del Consejo de Estado. Y también del Consejo General del Poder Judicial ya que el traspaso de la competencia inmigratoria afectará a quiénes son los Jueces competentes para resolver los recursos contenciosos contra las denegaciones de residencia, expulsiones o sanciones en materia de inmigración, afectando a la organización judicial y, por supuesto, al principio de seguridad jurídica y de unidad del ordenamiento, que es unidad de la Nación.
El Gobierno, con este fraude masivo a los españoles —incluidos los que le han votado— se salta la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional y la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
Conde-Pumpido y el TC pactado por PP y PSOE —nunca lo recordaremos suficiente— dijeron que este fraude no era tal; demostrando que el Estado democrático de Derecho es fallido y que España se ha convertido en un Estado de partidos donde prima el interés de los partidos sobre el de la nación, prima el capricho de las castas a las urgencias del pueblo español.
Vuelven al mismo procedimiento con el que se aprobó la infame Ley de Amnistía. Y como en aquellos tiempos, le exigimos al PP que use de su mayoría absoluta en el Senado para impedir la aprobación de una Ley que rompe la unidad jurídica de la nación, difumina los límites del poder soberano del Estado, afecta gravemente a la seguridad de los españoles al dejar el control en frontera en manos de fuerzas separatistas —y en todo caso, cuarteando la linde de la comunidad nacional—, producirá perjuicios graves a cientos de funcionarios por el capricho de un golpista y un presidente traidor, y cobarde. Con los Diputados y Senadores de VOX podrá contar.
La materia «inmigratoria» y el control de las fronteras, vinculado directamente a las necesidades de la seguridad y defensa nacionales, así como a la materia «extranjería» forman parte del núcleo esencial e inderogable de la «soberanía» de la nación y por ello, por su propia naturaleza, no son susceptibles de delegación o transferencia a una parte del territorio. Hasta ese TC lo dijo en Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010; aunque ya sabemos que jugando con leguleyos, donde dijeron digo, pueden decir Diego.
La proposición no es que ataque a la Constitución, sino que busca disolver la nación, pues las naciones son hacia fuera, y ceder la protección de la frontera es un acto de traición en sentido político, máxime cuando ya Sánchez tiene arrendada a las mafias, oenegés y a Marruecos la frontera sur.
Hoy mismo, presentaremos una batería de peticiones en el Congreso y de acciones con los afectados para desenmascarar la farsa. Estamos dispuestos a ir hasta el final en el conflicto institucional y le tendemos la mano al partido popular. ¿Nos acompañarán o dirán, otra vez, engañando a los españoles, que Bruselas nos va a salvar?
