La noche del 30 de julio, en el espigón del Tarajal, miles de personas se echaron al agua desde el lado marroquí y empezaron a nadar hacia Ceuta con la ropa puesta. Nadie había abierto ninguna puerta. Lo que había corrido por Facebook y por los grupos de mensajería durante los días anteriores era otra cosa: la noticia de que España había abierto la frontera, una lectura torcida de una sentencia del Supremo de este verano que impedía devolver en caliente a quien entrara nadando porque el nadador, decía el tribunal, no supera ninguna barrera física. Bastó eso. Bastó una frase de juzgado traducida a rumor de playa para que una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes recibiera en dos noches a una multitud del tamaño de sí misma. Interior contó primero cincuenta mil entradas y acabó en setenta y dos mil. Rabat dijo que cuarenta mil. En Ceuta, donde tuvieron que contarlos uno por uno para devolverlos, dejaron de discutir la cifra al segundo día porque la cifra les pasaba por delante a razón de ciento cincuenta personas por minuto.
Los refuerzos policiales llegaron al mediodía del 31, cuando la mayor parte ya estaba dentro, y el 1 de agosto tendieron sobre el agua una barrera neumática de quinientos metros, un tubo hinchado que flotaba en la bocana con la misma apariencia de firmeza que tiene una manguera de riego enrollada en un patio. El retorno fue casi tan rápido como la entrada. El 4 de agosto Interior daba por devueltas a setenta mil personas y en la ciudad quedaban unos pocos miles repartidos por donde cupieron, adultos en centros saturados y menores en otros centros saturados.
Pero el mar devolvió lo que la frontera no había contado. A lo largo de agosto se recuperaron ochenta y dos cuerpos en el lado español, y a mediados de mes sólo seis tenían nombre, tres por las huellas y tres por el ADN. Del resto no había con qué compararlos, porque las muestras de referencia estaban al otro lado de la valla, en familias que no podían cruzar para dejarlas, y Rabat no contestaba a las peticiones de Interior ni quería recibir a los seis que sí estaban identificados. El viernes 21 enterraron a dieciocho en la zona nueva del cementerio de Sidi Embarek, orientados a La Meca, y el sábado a doce más. Cada tumba llevaba un número del registro forense, por si algún día alguien reclama el cuerpo y hay que exhumarlo, un número pintado sobre la piedra como los de las taquillas de una estación de autobuses. El primero de la fila era el cinco mil cuatrocientos doce.
Veintiséis días después de la noche del espigón, el Consejo de Seguridad Nacional se reunió en Madrid, declaró Ceuta situación de interés para la seguridad nacional, entregó el mando único de la crisis al ministro de Política Territorial y aprobó veinticinco millones para los menores. A las doce y media, la ministra de Defensa compareció en el Congreso y dijo tres cosas que en cualquier otro agosto habrían sido tres titulares distintos: que Ceuta y Melilla son España y no se tocan, que pedía disculpas a quienes se hubieran sentido abandonados y que se había llegado tarde. Lo dijo con esas palabras, «se ha llegado tarde», ante la Comisión de Defensa. Un Estado que pide perdón el día veintiséis no ha llegado tarde a una noche sino a un mes entero. Ese mes lo pasaron los ceutíes contando cuerpos y camas mientras esperaban a que alguien, desde donde fuera, se hiciera cargo de mandar. Un guardia civil de la ciudad, que lleva en el Tarajal más años de los que quiere decir, me lo resumió sin levantar la voz: «Aquí no nos faltó gente. Nos faltó quien diera la orden a tiempo».
Y el sábado por la tarde, cuando el cementerio se quedó vacío, un hombre que había subido a ver la tumba de su padre en la parte vieja se detuvo ante la hilera nueva y le preguntó al que barría si aquellos tenían nombre. El otro no dejó de barrer. «Tienen número», dijo. El más cercano a la tapia era el cinco mil cuatrocientos doce.
