Siete son los días de la semana, siete los pecados capitales y siete las notas de la escala musical. Y al igual que un gato, Pedro Sánchez parece tener siete vidas. Pero cuando las vidas políticas se van agotando a golpe de escandalazo, corrupción y erosión constante del sistema, el poder no se resigna a caer: se construye la séptima a su medida. En formato de televisión.
No ha habido en la historia de nuestra democracia un presidente con la piel tan fina ante la fiscalización y las tragaderas tan anchas para el control institucional. Vivimos bajo un Ejecutivo que ha hecho del señalamiento a la prensa su principal bandera. Quien no le aplaude, intoxica; quien investiga las tramas que acorralan a su entorno, pertenece a la «fachoesfera»; y quien ose llamar a las cosas por su nombre y señalar las responsabilidades del «sanchismo», es acusado de practicar el trumpismo. Para el inquilino de La Moncloa, la libertad de prensa es un desequilibrio molesto que hay que corregir a golpe de veto, exclusión en viajes oficiales y mordaza. Mientras su dirección de comunicación tildaba a ‘El Hormiguero’ de dar cabida a «escorpiones» y ministros como Óscar Puente se dedican a calificar de «contenedor de basura» a periodistas incómodos, el relato oficialista se les derrumba por las costuras.
El diagnóstico en Moncloa es tan desesperado como transparente: el manoseo y politización de RTVE ya no es suficiente. La televisión pública, que por ley tiene una obligación de servicio general y neutralidad, ha sido devorada por la agitación y la propaganda. La estrategia de colonización ha sido tan burda que ha terminado por abrasar la propia credibilidad de la cadena. Tan escandalosa es la situación que hasta en la propia casa sonroja: el Consejo de Informativos de RTVE ha tenido que abrir investigaciones e informes de más de cien páginas contra espacios como ‘Mañaneros’ por su habitual falta de rigor, sesgo político descarado e incumplimiento sistemático de las normas informativas fundamentales.
Pero el poder sabe que los gobiernos cambian y los entramados mediáticos permanecen. Conscientes de que las urnas acabarán por desalojarles de Prado del Rey y que lo primero que hará un nuevo Ejecutivo será limpiar la televisión pública, o cambiar los muebles por otros a su gusto, en Moncloa ya preparan el día después. Tocaba fabricar el nidito de reserva y tener una Telepedro 2. El próximo 5 de noviembre arranca ‘La Séptima’, el nuevo canal de TDT adjudicado a ciegas. Su nacimiento no es casual: llega para rearmar a la izquierda mediática justo cuando La Sexta atraviesa una severa crisis de audiencia. Un desgaste que ni el caduco sistema de medición de Kantar Media, basado en apenas 5.900 audímetros obsoletos donde el descuido o el olvido de un solo panelista al pulsar el mando altera drásticamente los datos hasta marcar audiencia cero, puede maquillar.
Los peones para esta trinchera privada ya están colocados. Javier Ruiz abandona RTVE, donde percibía 250.000 euros anuales de dinero público mientras la credibilidad del ente se hundía, para asumir la dirección editorial y el gran espacio matinal. En la franja vespertina estará Rocío Delgado, con una larga trayectoria en televisión y pareja de Jesús Cintora, y los fines de semana se reservan al entretenimiento con Alba Carrillo y Marta Márquez en ‘Fuera de control’. Toda una declaración de intenciones ideológica abonada desde las redes sociales. Ante la lluvia de críticas, desde la propia cadena responden que «nadie nos obliga a verlos». Cierto. El problema no es el mando a distancia; el problema es la sospecha fundada de que estamos obligados a costear la fiesta con el dinero del contribuyente español.
El tufo a favor estatal y contubernio es tan descarado que el Ministerio para la Transformación Digital ha vetado el acceso al acta de adjudicación de la licencia alegando que contiene «información empresarial sensible». ¿Qué oculta el departamento que dirige Óscar López? Si la adjudicación fue impoluta y transparente, ¿por qué esconder los documentos a la opinión pública hasta el punto de forzar recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional?
Es absolutamente respetable que cualquier empresa privada tenga la línea editorial que le salga del pie; la objetividad pura no existe y cada medio defenderá sus intereses. Lo que resulta intolerable es el oficialismo mediático mutuo: esa simbiosis perversa donde el Gobierno orienta la agenda periodística y recompensa con licencias a los adictos. ‘La Séptima’ no nace para hacer periodismo; nace para ser la trinchera blindada del sanchismo cuando el suelo de Moncloa empiece a temblar.
